La imputación de Pensado es el resultado de una lucha entre dos empresas
18 jun 2014 . Actualizado a las 07:00 h.La titular del Juzgado número 1 de Carballo lo tiene claro. O eso es lo que se desprende del auto judicial, de cuatro folios. La magistrada ve indicios «obxectivos» de que en el Concello de Coristanco hubo algunas contrataciones de obras que no se ajustan al procedimiento, además de haber alguna que otra factura inflada. Pero todo este proceso tiene un trasfondo mucho más profundo: los intereses económicos de dos empresas rivales de Coristanco, y separadas apenas un kilómetro la una de la otra, con un objetivo claro: hacerse con el mercado de los lodos de depuradoras a base de desprestigiar a la rival.
Este acoso mutuo comenzó en enero del pasado año. Vecinos de diversas localidades empezaban a denunciar la presencia de depósitos de lodos en varios puntos de Coristanco, Zas y Vimianzo. También hubo denuncias cruzadas por la construcción de sendas plantas de compost y tratamiento de lodos que el grupo Gesmaga y Fidel Miramente querían levantar en A Furoca (San Paio) y Costa Redonda (Xaviña), respectivamente. Fue una campaña orquestada en el tiempo con el objetivo claro de desacreditar a la empresa rival ante los vecinos.
Estas denuncias fueron cursadas por el Seprona y elevadas a la Consellería de Medio Ambiente. Tres de estas quejas pasaron el filtro de la Xunta. Un año después llegó la resolución: los lodos de depuradora depositados en estas fincas por parte de Fidel Miramontes se ajustaban plenamente a la legalidad vigente. Pero la gerencia de la empresa, con sede en Oca, ya había dicho basta. Contrató a un abogado, Pedro Luis Fernández Pombo, quien presentó una querella en julio del pasado año. Entendía que el alcalde supuestamente apoyaba a la empresa de la competencia, perteneciente al grupo Alejandro Martínez e Hijos. En concreto, por qué el Concello sí concedió licencia a Gesmaga para su planta de compost en San Paio y demoraba en el tiempo la de Miramontes en Xaviña.
El alcalde siempre defendió la imparcialidad del Concello. Antonio Pensado alegó que si no le dio el visto bueno al proyecto de Fidel Miramontes fue porque la empresa tenía documentación por entregar.
Pero en febrero de este año la jueza admitía a trámite la querella y ordenaba a la Guardia Civil un registro en el Concello en busca de información. De forma paralela, decretaba el secreto de sumario por un mes, que tuvo que ser ampliado tres meses más, por el volumen de facturas analizadas.
Ahora, la jueza quiere saber qué ha pasado con diversos contratos de obras, a quién se adjudicaron, qué precios se abonaron y por qué no se siguieron los cauces legales de contratación. Por este motivo, la magistrada ha imputado al alcalde, Antonio Pensado Plágaro, y a los integrantes de la junta de gobierno local que levantaron la mano en su día en la adjudicación de varios trabajos, fechados entre los años 2009 y 2011.
El regidor tendrá que responder a todas estas cuestiones. Lo hará, en principio, el próximo 18 de septiembre, al igual que los concejales que sean imputados en julio. Al final, la guerra entre dos empresas de Coristanco por hacerse con el mercado de lodos de depuradora acabó salpicando a la alcaldía.