La sentencia invalida la jornada reducida que fijó el Ayuntamiento
21 nov 2012 . Actualizado a las 07:10 h.El Concello de Cee deberá admitir a tiempo completo a la normalizadora lingüística que había visto reducida su jornada laboral como consecuencia del plan de ahorro implementado por el Concello para cumplir con los ajustes.
La sentencia del Juzgado de lo Social número 1 de A Coruña, contra la que no cabe recurso, determina que la empleada, después de encadenar varios contratos temporales, tenía calidad de indefinida y que el Ayuntamiento no puede argumentar la rebaja de ocupaciones y de salario en base a las cuantías recibidas de otras Administraciones. «Los gastos derivados de la contratación se asumieron siempre con independencia de las subvenciones de la Diputación, por lo que las vicisitudes en relación con dicha ayuda no pueden invocarse ahora como causa económica», reflejala resolución, en la que se aclara que solo sería admisible «una insuficiencia presupuestaria sobrevenida y persistente».
En consecuencia, la reducción de jornada completa a 27,55 horas semanales fijada por el gobierno municipal queda sin efecto, con lo que el Concello deberá readmitir a la trabajadora en su situación anterior y pagar por ello cerca de 30.000 euros al año.
La alcaldesa, Zaira Rodríguez, asegura que respeta la sentencia, pero que no la comparte, porque considera que quedaron suficientemente argumentadas la escases de fondos del Concello derivada de la deuda heredada. «Está clarísimo, se non, para que ía facer eu un plan de axuste ou pedir un crédito ICO. Se tivese unhas contas saneadas non o faría», dice Rodríguez, que no se esperaba esta sentencia y añade que darle cumplimiento significará recortes en otras partidas, que considera más necesarias en estos momentos, como los servicios sociales. «Os traballadores están no seu dereito a reclamar, aínda que debe quedar claro que as demandas deste tipo que se perden páganas todos os vecinos, non só os políticos. O que nós fixemos non foi un capricho, senón un intentento de adaptarse ás circunstancias e priorizar, porque trátase dunha empregada excelente, que ademais ao principio estaba de acordo porque cos 6.000 euros da Deputación e os 7.000 da Xunta, podiamos manter o servizo, que eu penso que é necesario, sen que nos custase un peso. Despois aconsellaríana, non sei se ben ou mal porque non me vou meter nesas batallas e denunciou», explica la alcaldesa.
Para el exregidor, Ramón Vigo Sambade, que actuó como testigo en el juicio, considera que este es un caso y faltan «otros 14» en los que prevé consecuencia similares para el Ayuntamiento al que «el gobierno del Partido Popular y los tres concejales nacionalistas sin papeles, metieron en un atolladero imposible de salir».
Para Vigo, de IxCee, esta «burrada laboral a nivel de despidos nunca antes vista en un concello» no era necesaria, sino más bien contraproducente a la hora de gestionar el consistorio, pero se produce porque «la alcaldesa llegó el pasado 1 de marzo con escaso programa político y el maletín lleno de cuchillos afilados».