La plataforma comarcal remarca la enorme casuística en la regularización de las naves

carballo / la voz

CARBALLO

SANTI GARRIDO

03 may 2012 . Actualizado a las 07:00 h.

La normativa que permite la regularización de las naves industriales levantadas antes del año 2003 ha sido muy beneficiosa para los titulares, pero el desarrollo aparece confuso, dispar y a veces hasta contradictorio.

Así al menos se ve desde la Plataforma polo Desenvolvemento da Costa da Morte, que coordinan Neria y la Fecom y que aglutina a una veintena de entidades de la comarca.

El presidente de la Fecom, José Gabín; el secretario de Neria, Xan García, y el abogado Carlos Abal, experto en urbanismo y que ha trabajado a fondo en este tema, analizaron ayer en Radio Voz (el letrado lo hizo por teléfono) la incidencia de la reforma de la Lei do Solo en las naves de la Costa da Morte, una zona de la que nació el impulso necesario para pedir a la Xunta la reforma legal finalmente conseguida. Hace unos días concluyó el plazo de dos años marcado para tramitar los expedientes, aunque queda otro más para los denominados «asentamientos».

Además de los evidentes beneficios de sacar de la ilegalidad instalaciones sobre las que no se podía realizar ningún negocio jurídico, y sobre las que pesaba siempre la amenaza de denuncia (llevadas a la práctica en muchos casos), los tertulianos pusieron de manifiesto las diferencias de trato entre unos concellos y otros. Y esto, tanto por la mayor o menos diligencia con la que actúan los respectivos técnicos, como por la normativa que tiene cada concello (algunos ya tienen PXOM y otros solo normas subsidiarias e incluso delimitación de suelo urbano) o la situación particular. «Hai que mirar caso por caso», indicó Abal.

Este abogado señaló que la instrucción que emitió la Secretaría Xeral de Urbanismo para ayudar a interpretar, incluso dirigir, la aplicación de la reforma de la Lei do Solo, solo obliga a la Xunta, pero no al resto de Administraciones. Hubiera sido más útil un decreto, por ejemplo. Y esa es otras de las razones que permiten diferentes criterios interpretativos. No obstante, al final decidirá la Xunta sobre cada expediente.