La principal nota definitoria que se debe exigir a los procesos de selección de los funcionarios integrantes del ingente aparato administrativo que sirve a los ciudadanos de este país, cualquiera que sea el estadio jerárquico de esa organización pública, es la transparencia.
No es la primera vez, ni, me temo, será la última, que asistimos a espectáculos bochornosos en los que los Tribunales de Justicia anulan oposiciones, concursos y demás pruebas de similar naturaleza por defectos de forma, de fondo o de ambas condiciones. Pero lo sucedido ahora en Carballo, resulta todavía más preocupante. Uno de los primeros procesos de selección del personal en el Ayuntamiento que entonces estrenaba gobierno tripartito se vio salpicado por una reclamación de una afectada que costó una nada desdeñable cantidad de dinero a las arcas públicas, que son, no lo olvidemos, las suyas y las mías. Pasados los años, el mismo ayuntamiento, quizá para evitar males mayores, decide suspender sine die las pruebas de policía local porque se han «detectado irregularidades» en la tramitación del proceso.
Si esta actuación parece, en abstracto, un signo de salud democrática, se antoja, en el fondo, como un síntoma más que preocupante del absoluto descontrol que parece reinar en este tipo de procesos, que nunca consiguen desprenderse de la sospecha de que existen otros intereses distintos a los que la ley exige para el otorgamiento de las plazas. La función pública debe ser (y a menudo es) ejemplo de transparencia, objetividad y premio a la capacidad y el mérito, y no una vía de colocación de allegados, como, por desgracia, tenemos la sensación de percibir desde fuera de la estructura administrativa con una mezcla de indiferencia y resignación.
El ayuntamiento deberá aclarar ahora cuáles son las «irregularidades» detectadas y depurar las responsabilidades correspondientes, aun cuando puedan afectar directamente a la imagen y labor del grupo de gobierno; y de darse este caso, esperemos que lo sea por negligencia, que, aun siendo grave, siempre será más defendible que una actuación (mal)intencionada.