Las dos caras de la Administración

Cristina Viu Gomila
Cristina Viu CARBALLO.

CARBALLO

La Diputación tiene un programa para la recuperación del patrimonio mientras que Augas de Galicia niega autorizaciones para retechar molinos que están en desuso

09 may 2010 . Actualizado a las 02:00 h.

El mantenimiento del patrimonio etnográfico empieza a ser visto como un negocio por los particulares. Un grupo de Ponteceso adquirió buena parte de la aldea abandonada de Candelago, en Corme, para convertirla en un establecimiento de turismo rural, aunque la crisis ha parado temporalmente el proyecto.

Más habituales son las inversiones de la Administración, aunque en la Costa da Morte casi todas las actuaciones han partido de la Diputación. Este organismo recuperó los Batáns de Mosquetín, un conjunto único en Galicia, o el Forno do Forte, además de poner dinero para otras actuaciones en molinos, como los de Ardeleiro o los de A Laracha, y las abellarizas de Malpica, entre otros.

Además, la Xunta de Galicia suele sacar todos los años una línea de ayudas para los propietarios de elementos etnográficos. Este año todavía no hay convocatoria, pero en la del año pasado se podían conseguir hasta 2.500 euros. El problema, es que la documentación ocupaba once páginas del Diario Oficial de Galicia y los requisitos eran tan complicados incluso de entender que mantenían las subvenciones fuera del alcance de buena parte de los propietarios.

El patrimonio etnográfico suele estar en posesión de viejos labradores, molineros, vecinos de aldeas, mancomunidades de montes o sus herederos, por lo que es difícil de estas personas o colectivos accedan a las ayudas.

Otro inconveniente son las autorizaciones que es necesario solicitar. En septiembre de 2007 un antiguo molinero de Sofán, en Carballo, intentó conseguir permiso municipal para retechar el edificio, porque el tejado se hundió de puso viejo. Lo dirigieron a Augas de Galicia y tardó un año en obtener respuesta que, además, fue negativa. En su escrito, el organismo dependiente de la Xunta alega que «dado que o muíño está en desuso» ya no existe la finalidad por la que el dominio público soporta la carga. Además señala que no podrá realizarse ninguna obra que «contribúa á permanencia da edificación».

Con esta decisión los centenares de molinos que hay en la zona quedan condenados y queda claro que todos los que quieran que no se conviertan en pura ruina tendrán que hacer como Hipólito Remuiñán, que ha ido manteniendo en pie los molinos de su abuelo en Verdes-Coristanco, a base de realizar arreglos en sus ratos libres.