La mayor parte de los concellos de la Costa da Morte no comparten las reservas del Gobierno central con respecto a la reforma de la Lei do Solo propuesta por el gabinete de Núñez Feijoo. De hecho, las modificaciones previstas, al menos algunas de ellas, responden a insistentes demandas de los ayuntamientos, que quieren más poder de decisión sobre el suelo rústico. El nuevo texto legislativo se lo dará, porque la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas introduce una serie de cambios que, más que a los usos permitidos en suelo rústico, hacen referencia a las competencias en la gestión.
El concejal de Urbanismo de Carballo, José Antonio Viña, con el asesoramiento de la Oficina Técnica Municipal, ha elaborado un cuadro comparativo en el que se aprecian las novedades de forma muy gráfica.
A partir de la aprobación de la reforma, los concellos tendrán capacidad para decidir sobre actividades y construcciones que ahora recaen en exclusiva en la Xunta de Galicia. Las competencias que varían afectan, sobre todo, al suelo rústico de protección ordinaria, agropecuaria, forestal y de infraestructuras.
Por el contrario, donde apenas habrá modificaciones será en los espacios naturales y en el suelo rústico de protección de aguas, costas, paisaje y cultura. Los ayuntamientos mantienen su potestad para autorizar actividades de ocio (deportes organizados, acampada de un día o actividades comerciales ambulantes), así como científicas, escolares y divulgativas, pero a partir de la reforma también podrán conceder permiso para «accións sobre o solo ou subsolo que impliquen movementos de terra, como dragaxes, defensa de ríos e rectificación de leitos, abancalamentos, desmontes, recheos e outras análogas», como las define el artículo 33 de la vigente Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia. En materia constructiva no hay cambios. Las únicas licencias de tramitación directa en los concellos serán la de cierre de parcelas y la de instalaciones de infraestructuras de servicios públicos que no impliquen la urbanización de los terrenos afectados.