Han pasado algo más de dos meses desde que el Klaus golpeó la Costa da Morte y aún sigue dando quebraderos de cabeza. Los numerosos destrozos que causó el temporal se van reparando poco a poco, pero los afectados todavía encuentran dificultades para sufragar los trabajos. Esto es lo que le ocurre a la empresa Cultivos Marinos de Corme, que perdió más de 1.000 toneladas de mejillón y varias bateas en la embestida del ciclón. La cuantificación de los daños asciende a 2.110.000 euros, pero, de momento, el Consorcio de Compensación de Seguros, una entidad pública del Ministerio de Economía y Hacienda, asegura que no se hará cargo de la indemnización.
El Consorcio anunció que pagaría los daños a las personas y en los bienes que se encontrasen asegurados y que hubiesen sido producidos por la «tempestad ciclónica atípica de los días 23 a 25 de enero en las zonas de España en las que las rachas de viento hubiesen superado los 135 kilómetros por hora». La empresa de Corme cumple con estos requisitos, ya que tiene contratada una póliza de responsabilidad civil con la compañía Mapfre y sus bienes estaban en una región donde el viento llegó a soplar por encima de los 180 kilómetros por hora. Por este motivo, su presidente, Fernando Vidal Pombo, solicitó la indemnización correspondiente.
Sin embargo, la sorpresa llegó cuando el delegado en Galicia del Consorcio le comunicó a través de una misiva que la entidad «considera que no le corresponde hacerse cargo» del pago de este importe, porque la cobertura por parte de la entidad en los casos producidos por los riesgos extraordinarios, según la legislación vigente, «requiere que se haya contratado una póliza de seguro que cubra alguno de los siguientes riesgos: vehículos terrestres, vehículos ferroviarios, incendios y eventos de la naturaleza, otros daños en los bienes (robo, rotura de cristales, daños a maquinaria, equipos electrónicos y ordenadores) y pérdidas pecuniarias diversas».
Vidal Pombo entiende que la ley ampara la decisión del Consorcio, pero considera que habría que articular mecanismos para que en ocasiones de esta naturaleza se ayudase a las empresas para que no se vean obligadas a cesar su actividad.