El bum urbanístico previsto para el Concello de Laxe tendrá que esperar unos meses más y no será tan espectacular como se calculaba. La decena de empresas constructoras que ya anuncian en sus páginas web «próximas promociones» tendrán que tener paciencia, y es posible que algunos de los nuevos edificios ya proyectados ni siquiera lleguen a ver la luz. La razón se debe a que la Consellería de Política Territorial hizo público ayer que su responsable, la socialista María José Caride Estévez, firmó una orden por la que resolvió no otorgar la aprobación definitiva al Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) del Concello de Laxe, que «deberá realizar correccións no seu documento e remitilo de novo». Es decir, sólo si el gobierno local establece cambios en el proyecto, podrá salir adelante.
La orden, fechada el pasado 18 de julio, hace hincapié en la excesiva densidad edificatoria incluida en el documento urbanístico elaborado por el Ayuntamiento y que, dice la consellería, «non está debidamente xustificada».
En este sentido, el informe de la Dirección Xeral de Urbanismo, señala que «á vista dos datos recollidos no PXOM, a capacidade máxima residencial proxectada en solo urbano e de núcleo rural -algo más de un millón de metros cuadrados- equivale a unhas 6.700 vivendas, unhas 4.500 máis que as actuais, ás que hai que engadir 892 vivendas máis que pode acoller o solo urbanizable, pero na memoria do documento aportado polo Concello de Laxe esta densidade edificatoria non aparece xustificada por ningunha análise sobre a evolución previsible da demanda de vivendas». Es decir, según Política Territorial, el PXOM del Concello de Laxe permitiría triplicar el número de viviendas actuales, una oferta excesiva salvo que introduzcan en el plan «os datos e as análises precisas que fundamenten as previsións de crecemento».
Protección costera
Los técnicos de la Xunta señalan también, respecto a la franja de suelo rústico de protección de costas, que la Comisión Superior de Urbanismo de Galicia no emitió un informe favorable sobre la reducción de esta franja en determinadas áreas -concretamente las situadas junto al colegio Cabo da Area y las más próximas a la playa- «polo que o Plan Xeral deberá respectar a dimensión mínima de 200 metros ou ben establecer unhas condicións de ordenación máis respectuosas». En algunos casos, recuerda Política Territorial, la zona de servidumbre de protección de la costa está a menos de 100 metros, algo que el Concello justificaba en la memoria «pola posición estratéxica que ocupan estes terreos, que fai que do seu desenvolvemento dependa a configuración definitiva da imaxe da vila».
La orden firmada por María José Caride también establece que algunos terrenos clasificados como urbanos no reúnen los requisitos legalmente establecidos -no disponen de acceso rodado público, ni abastecimiento de agua y luz, además de depuradora- y «aparecen clasificados como urbanizables terreos que invaden zonas de carácter rústico de especial protección, sometidas a concentración parcelaria, ou que deben ser destinadas a solo rústico de protección de infraestruturas».
El informe de la Xunta, además, advierte de que el nuevo cementerio deberá construirse fuera de los terrenos clasificados como suelo rústico de protección paisajística y que el futuro centro sociocultural, cuya construcción está prevista enfrente del Ayuntamiento, «non ten asegurada a súa accesibilidade nin integración na estrutura urbanística».
El alcalde, Antón Carracedo Sacedón, se reunió ayer mismo con el director del equipo redactor del proyecto, el arquitecto Alfredo Garrote, para conocer pormenorizadamente los cambios que exige la Xunta para aceptar el Plan Xeral. El regidor rechazó realizar valoraciones sobre la decisión de la Consellería de Política Territorial y se limitó a decir que «o primeiro é estudar o que piden que se corrixa e despois o grupo de goberno tomará unha decisión».
Arquitectos consultados ayer confirmaron que los fallos detectados por Política Territorial son «fácilmente subsanables» y que las correcciones podrían estar listas «en menos de dos meses». Señalaron también que las matizaciones establecidas «son las habituales, porque la Xunta se ha puesto muy dura en materia urbanística, lo que está condenando a los municipios costeros a limitar mucho su edificabilidad».