Desde el plan Ánade hasta la Red Natura 2000 han pasado diecisiete años y muy pocas actuaciones concretas en Baldaio. La primera iniciativa, en 1988, partió del Concello de Carballo, que preveía una inversión de más de seiscientos millones de las pesetas de la época en la ordenación del espacio natural. Al mismo tiempo, la asociación ecologista Arco Iris solicitaba a la Xunta de Galicia, y no era la primera vez, la declaración de parque natural para el humedal. En la misma época, la Unesco anunciaba la inclusión de Baldaio en el Programa sobre el Hombre y la Biosfera (MAB), pero tampoco pasó de la intención. Igual suerte corrieron el proyecto Euroducks, del Fondo Europeo para la Recuperación de Zonas Húmedas, que se presentó en 1989, y los programas Ramsar, Life y Envireg, también comunitarios, que surgieron en la década de los noventa como posibles soluciones a la marisma. Dos años después, la Demarcación de Costas anunciaba la firma de un convenio con la Universidad de Santander para realizar un estudio biológico de la laguna, pero los resultados del supuesto informe se desconocen incluso hoy. Los años han pasado y la única inversión que ha recibido Baldaio fue una pequeña cantidad procedente de los fondos del proyecto Atlantis. A finales de los noventa comenzó la tramitación de la Red Natura 2000, que todavía no está definida, y que incluirá una serie de espacios naturales protegidos a escala de la Unión Europea en virtud de la directiva Hábitats. La propuesta gallega está constituida por 14 zonas de especial protección para las aves (ZEPA) y 59 lugares de importancia comunitaria (LIC). En ambas relaciones figura la Costa da Morte y, dentro de ésta, la zona de Baldaio, que, junto con la ensenada de A Insua, «alberga interesantes poboacións de aves acuáticas invernantes, aínda que sen chegar a cifras importantes», explica la Consellería de Medio Ambiente. Pese a todos estos planes, e incluso pese a las restricciones que impone la legislación urbanística, el entorno de Baldaio no ha podido librarse de agresiones que pasan por la construcción incontrolada, los vertidos de aguas residuales y materiales sólidos y, sobre todo, el acceso de vehículos.