Cuando entró en vigor la Ley 42/2010, el 2 de enero de 2011, por la que se establecía la prohibición de fumar en espacios públicos cerrados, que incluía locales de hostelería y centros de trabajo, los agoreros que en todo ven el fin del mundo —entre los que se incluían muchos hosteleros y la gran mayoría de fumadores— vaticinaron que miles de locales cerrarían sus puertas ante tal imposición del Estado.
Tras los cabreos e incumplimientos de los primeros días y semanas, poco a poco se fue imponiendo el deber cívico, el sentido común y, por qué no decirlo, el miedo a las sanciones. Todo ello permitió comprobar que los ciudadanos incluso acudían más a los locales de hostelería pues, libres de humo, estaban más cómodos, los costes de mantenimiento eran menores y el ambiente de trabajo más sano.
Ahora, cuando sobrevuela una revisión de esa ley que pretende erradicar el tabaco de terrazas, marquesinas o campus universitarios, entre otros espacios, permítanme poner en evidencia los graves incumplimientos de la que ya está vigente.
Para entrar en muchos centros sanitarios, colegios o cualquier dependencia de las Administraciones públicas debes atravesar por en medio de un grupo de fumadores que apuran sus cigarrillos al abrigo de sus porches. Aspirando su humo, oliendo y pisando las colillas y ceniza amontonadas.
Por ello, siendo algo muy habitual, una vez que la empatía y el civismo no hacen acto de presencia, alguien debería ponerle remedio con sentido común: primero más información y si no es suficiente, sanción. La imagen, en especial a las puertas de los centros hospitalarios, es muy lamentable.