Los recortes en la sanidad pública son evidentes. Ambulatorios de parroquias sin facultativos que los atiendan; centros de salud en los que las ausencias de profesionales debido a vacaciones, bajas o traslados sin cubrir convierten en interminables las jornadas de trabajo; centros con prestaciones compartidas, como la de matrona o pediatra, u otras directamente borradas de la cartera de servicios.
Todas estas situaciones se dan en el área de Barbanza. Los vecinos de Palmeira pelearon en la calle su derecho a tener un médico de forma continua y los de Corrubedo lo están haciendo ahora. El personal sanitario del hospital ha denunciado la reducción de prestaciones o jornadas laborales que se prolongan más allá de lo soportable.
La sanidad pública, ese bien del que en muchas ocasiones echamos mano de forma negligente, agoniza dando alas a la formalización de seguros médicos privados. Profesionales cualificados tienen salarios muy por debajo de lo que merecen.
La situación es difícilmente sostenible, pero eso no justifica que un paciente reciba un diagnóstico distinto a su dolencia en cada consulta e, incluso, que el médico de la siguiente cita desdiga lo que dijo el anterior sin bajar al plano del enfermo para ponerse a la altura de su incredulidad.
No justifica que un paciente de una especialidad médica no reciba del facultativo la explicación oportuna sobre su dolencia y las alternativas de las que dispone. No justifica que se tarde un año en ofrecer un diagnóstico.
Que hay sobrecarga, sin duda, pero no se debe cargar sobre el paciente, que acude desvalido en busca de remedio.