Está la cadena mar-industria, tan importante económicamente en un territorio como el de Barbanza, en alerta por el artículo de la Ley de Cambio Climático que establece un plazo máximo de 75 años —a contar desde la fecha de la primera licencia— para ocupar la ribera. Insisten en que se ha alterado la fórmula de cómputo de las concesiones. La confianza está depositada en la comisión bilateral de Xunta y Estado, que iniciará negociaciones sobre la Ley de Cambio climático para aclarar una posible inseguridad jurídica.
Mientras tanto, el texto del reglamento de Costas está sometido a información pública y patronales de la cadena mar-industria han presentado alegaciones con el propósito que el plazo máximo de 75 años otorgado a las instalaciones de cultivos marinos se haga extensivo a las empresas auxiliares del sector.
El propósito último del colectivo empresarial es que no se vean comprometidos ni la actividad productiva ni los empleos. Tanta precaución no es un tema menor en una zona como la de Barbanza, en la que la cadena mar-industria genera más de cinco mil empleos y supone un movimiento económico de dos mil millones.
Así que la búsqueda de garantías parece necesaria, no vaya a ser que en el texto definitivo existan ambigüedades con las que después haya que batallar o que tengan una repercusión directa en actividades fuertemente consolidadas.
Parece que el trasfondo de estos cambios está encaminado en una dirección muy concreta que no tendría en el centro de la diana al tejido productivo del sector del mar. Sin embargo, desde Madrid siempre puede haber sorpresas.