La España del 2030 va a ser algo distinta de lo eficiente que nos lo pintan. Dentro de diez años ya se habrán jubilado los pocos profesionales que quedan en albañilería, fontanería, electricidad o carpintería. Habrá, eso sí, millones de informáticos, abogados, expertos de todo tipo, que cobrarán míseros honorarios por sus servicios. Solo los mejores se salvarán del cribado selectivo.
Y es que en este país, desde siempre se han menospreciado los oficios y se ha ensalzado el título universitario, sin equilibrio. Pero de nada sirven varios arquitectos dando órdenes en una obra si no hay un profesional que las ejecute.
Por otra parte, el Estado no ayuda nada. Esa trazabilidad que siempre hubo en los tajos, donde se comenzaba de pinche para aprender el oficio, se ha roto. Ningún empresario está dispuesto a pagar al aprendiz como si fuese experto, cargando con la formación, interrumpiendo a los demás. Deberíamos seguir mirando a Europa en vez de mirarnos el ombligo: sin aprendiz no hay oficial, y esa formación no debe ser a cargo del empresario, sino del Estado o del propio pinche, que está formándose para ser algún día un especialista.
El problema no será que no se puedan construir nuevas casas, que el mercado resolverá como ha resulto lo de los muebles, con prefabricación o autoconstrucción, descargando en el consumidor todas las responsabilidades por los defectos de montaje. El problema será que -como ya se puede visualizar- cuando tengamos una avería en casa, o bien pagaremos cuantiosas reparaciones o bien nos harán una chapuza. El sistema ha de cambiarse. Ya.