En 15 meses se construyeron un centenar, pero hay muchas que no están registradas
25 jun 2021 . Actualizado a las 11:43 h.No dan abasto. Las empresas de instalación y construcción de piscinas tienen más encargos de los que pueden asumir y, de hecho, ya hay lista de espera hasta el verano que viene para poder darse un chapuzón en algunos de los vasos que se colocarán en fincas privadas de la comarca. Los empresarios del sector tienen claro que el miedo a posibles contagios fue el detonante para que, desde abril del año pasado, se disparase la contratación de este tipo de estanques artificiales.
«El año pasado ya fue una locura y este 2021 vamos por el mismo camino. Después del confinamiento, cuando empezaron a levantarse las restricciones, todo el mundo empezó a encargarlas por si no se podía ir a la playa», apunta un empresario de Ourense, que tiene que venir desde Verín para colocar sus piscinas. Explica que en Galicia no hay muchas empresas especializadas, y están recibiendo encargos de todos los puntos de la comunidad, así como desde Portugal o incluso Madrid y Valencia.
Esta gran demanda incluso ha llevado a muchos emprendedores de la zona a optar por esta vía. El ribeirense Cipri Sampedro estuvo una década colocando piscinas en la zona de Barcelona, pero al regresar a la comarca solo encontró trabajo en las fábricas. En vista del bum del sector en Barbanza, este año se especializó «y tengo todo completo hasta diciembre. Tengo encargos en toda Galicia, Asturias y País Vasco». Dice que ahora ha bajado un poco la demanda, porque la gran mayoría sabe que no va a dar tiempo a que les instalen una este verano.
En los últimos meses, en territorio barbanzano se han solicitado alrededor de un centenar de permisos para colocar piscinas en fincas particulares, una cantidad que puede ir desde las treinta que se instalaron en Boiro, hasta la veintena de Porto do Son y A Pobra, o las siete de Ribeira. Sin embargo, desde los distintos ayuntamientos también son conscientes de que no todo el mundo acude a solicitar el correspondiente permiso para realizar las obras. De hecho, muchos vecinos piensan que al tratarse de un proyecto en una finca privada no se necesita, y desconocen que también hay que registrarlas en el catastro y pagar una tasa -de unos 60 euros- que se añade al impuesto de bienes inmuebles (IBI).
Sobre 12.000 euros
Los presupuestos para poder darse un chapuzón en una piscina sin salir de la propiedad de cada uno no suelen bajar de los 12.000 euros de media, aunque normalmente esta cantidad se queda muy corta. De hecho, el permiso municipal puede oscilar entre los 180 y los 500 euros dependiendo del tamaño del vaso, a lo que hay que sumar entre 800 y 1.000 euros que cuesta excavar el terreno y también deshacerse de la tierra, puesto que no todas las empresas se encargan de esta segunda parte.
La propia piscina supone un desembolso de unos 7.500 euros, a lo que se une la colocación, incluida la preparación del suelo, el relleno de las paredes, el zuncho perimetral y la albardilla ronda los 2.000 euros. Por el equipo depurador y tuberías se abona unos 500, y otros tantos de la caseta de plástico para guardarlo, además de 350 del cuadro eléctrico, y unos 1.100 del transporte del vaso. Si además se quiere un plato de ducha, la cuenta añade 300 o 400 euros, y construir toda la zona de playa, es decir, lo que rodeará la piscina -que puede ser de césped, madera o baldosa- eleva el coste final unos 2.000 euros más.
Normalmente, el 30 % del precio total se abona con la firma del contrato, el 60 % cuando se coloca el vaso, y el 10 % restante cuando se pone a funcionar.
«Llevo 23 años trabajando y hasta ahora no había tenido este tipo de encargos»
En su ya extensa carrera profesional, la arquitecta Pilar García había tenido que realizar proyectos de todo tipo, pero ninguno tenía relación con la instalación de piscinas. Sin embargo, fue llegar la pandemia y empezaron a llegarle a su estudio este tipo de peticiones. «Llevo 23 años trabajando y hasta ahora no había tenido encargos de este tipo», explica la profesional, que reconoce que existe mucho desconocimiento sobre este tema.
Explica que aquellos vasos de menos de 40 metros cuadrados de superficie se consideran una obra menor, pero hay que realizar cierto tipo de papeleo, puesto que requiere realizar una excavación, así como instalar un sistema de suministro y canalización de agua. Por todos estos trámites se puede llegar a pagar, dependiendo el ayuntamiento, entre 500 y 600 euros, aunque la cifra suele ser mayor en proporción a las dimensiones de la piscina, puesto que cuanto más grande ya requiere un proyecto y una dirección de obra.
Pilar García también explica que la situación es muy distinta cuando se habla de las piscinas desmontables, «puesto que por ahora se consideran mobiliario a efectos legales».