Dice Kydland -premio Nobel de Economía- que los gobiernos pueden tener en sus acciones buenas intenciones, pero también muchas tentaciones para cambiar políticas y obtener réditos a corto plazo, olvidándose de sus efectos a largo. Esto mismo debió pensar el legislador que desaprovechó la oportunidad brindada por la crisis económica para no remodelar la planta local española. Es un hecho objetivo que en las próximas elecciones municipales volverán a ser electos cerca de 75.000 cargos públicos entre alcaldes, concejales y diputados provinciales para los más de 8.000 municipios y medio centenar de diputaciones. Nada ha cambiado, el diseño decimonónico de la planta local, heredada del modelo napoleónico francés, adolece de una excesiva fragmentación administrativa, se compadece mal con la dualidad urbano-rural que acaba por generar una dialéctica organizacional, política y social contraria a la eficiencia y racionalidad. No es de extrañar, pues, que las entidades locales, con funciones y competencias atribuidas constitucionalmente, jueguen a desarrollar su autonomía a través del principal instrumento regulatorio a su alcance: las ordenanzas, clave de bóveda de la política municipal.
Es moneda corriente que esta potestad normativa sea la expresión más pura de las preferencias sociales, prestacionales y de ingresos ancladas al tejido local. Por eso es fácil encontrar un abanico amplio de regulaciones en ámbitos tan diversos como la protección de la fauna silvestre, las deyecciones de los canes, la calidad del aire, el uso del espacio público y, sobre todo, los aspectos relativos a los tributos.
Este punto afecta de manera directa al bolsillo de los contribuyentes, inconscientes muchas veces de la creatividad fiscal de la que hacen gala sus dirigentes que, para paliar el fin del maná de los ingresos urbanísticos y llenar las maltrechas arcas públicas, han ideado ordenanzas tan curiosas como aquellas que pretenden gravar más a las empresas que crean puestos de trabajo en el ICIO (impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras), los que bonifican a los trabajadores que viven cerca del edificio administrativo municipal, o la discriminación positiva en el IBI según el número de mascotas exóticas.
No pretende ser esta relación síntesis ni categoría de nada, solo un mero ejemplo de lo dispar -y a veces disparatada- que puede llegar a ser la política local. Llama la atención la falta de transparencia y publicidad con la que juegan muchos entes, incapaces de acercar al ciudadano al nivel más próximo de gobierno. Es imprescindible propiciar el feedback entre la Administración y el administrado, pero para ello se requiere también un ejercicio de responsabilidad por parte de los vecinos. ¿Conoce usted las ordenanzas fiscales que le afectan?
María Cadaval es profesora de Economía aplicada en la Universidad de Santiago de Compostela (USC).