Lo que está ocurriendo en A Pobra con el radar contratado por el alcalde y su equipo de gobierno no tiene buena pinta. Y me temo que empeorará. En un mes se han impuesto varios centenares de multas por exceso de velocidad, ochocientas según algunas fuentes. Y aquí, como en todo, si tiramos de sentido común, podemos analizar el problema suscitado con mayor criterio. De una parte, es evidente, en las sociedades hay normas y estas están para cumplirlas. Pero también lo es que el excesivo celo en denunciar su incumplimiento puede llevarnos a la persecución y al abuso de autoridad, sin entrar a valorar si esas normas pueden no adaptarse a la realidad. Pero es que en este caso existe también otro matiz, por mucho que diga el alcalde o el secretario municipal: es muy discutible la legalidad del método y del proceso sancionador. Por el momento los afectados se están organizando y están dispuestos a que sean los tribunales los que diriman la cuestión.
Al margen de todo esto, quien suscribe no tiene ninguna duda de que si Isaac Maceiras fuese a presentarse en mayo no se le pasaría por la cabeza meterse en semejante berenjenal ¡ni harto de vino! Es más, ya hay quien ve en este despropósito una clara intencionalidad suya que perjudicaría a Manolo Durán, con el afán de elevar el valor de sus victorias a la hora de posicionarse para algún puesto autonómico o nacional. No son pocos los ciudadanos, incluso militantes del PP, que están perplejos y se apuntan a esta teoría. No encuentran otra explicación pues los argumentos esgrimidos por el alcalde valen para cualquier municipio de España y a nadie se le ocurre montar este cirio, me comentaban estos días. La polémica está servida y el cabreo, incluido el del candidato, aumenta.
Otra cuestión polémica que hemos visto reflejada en La Voz del Barbanza ha sido el dato de mariscadores de a pie que están de baja: nada menos que cerca del cincuenta por cien ¿Alguien se imagina que Frinsa o Jealsa tuviesen a la mitad del personal de baja? Simplemente tendrían que cerrar. Me comentaba la empleada de una conservera que el argumento de las condiciones laborales para justificar dolencias es irrisorio pues hay muchos puestos de trabajo más exigentes, con jornadas de ocho horas once meses al año; que si se sumasen las horas de las mariscadoras no harían ni tres meses. La diferencia, afirmaba, está en que las bajas de las mariscadoras están controladas por la Administración y las de ellas por mutuas privadas, siendo mucho más permisivas las primeras. También aseguraba que los propios profesionales de la medicina, a la hora de dar la baja, se miden mucho más en su caso.
Sin entrar en mayores discusiones sí parece claro que el mayor enemigo del marisqueo es el propio sector. Incluso sus dirigentes, al ser preguntados por el problema, hablan de la falta de marisco, de la escasa rentabilidad, para explicarlo. El sector no cree en su actividad, no apuesta por ella y la ve como algo complementario, que está bien en tanto en cuanto no le cuesta nada. De esta forma nunca conseguirán que la Administración o la sociedad lo valore.