Una vecina pretendía la ejecución de la sentencia que anulaba el permiso inicial Jesús Alonso advierte que no admitirán chantaje alguno y lamenta el tiempo perdido
02 jun 2006 . Actualizado a las 07:00 h.La sección segunda de la sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha declarado la inejecución de sentencia, solicitada por los representantes jurídicos de Boiro Energía S.?A. (Boinersa) y Jesús Alonso S.?A. (Jealsa), lo que da validez a la licencia actual de la planta de cogeneración del grupo conservero, tanto la correspondiente a la construcción como la de actividad, según el letrado de la compañía. El fallo es consecuencia del recurso presentado por Blanca González del Blanco Pereira, titular de una finca próxima a la superficie fabril, que interesaba el cumplimiento del fallo que anulara la autorización inicial. El proceso se remonta al año 2001, cuando el mismo tribunal anuló la licencia provisional con la que empezó a funcionar la planta, al considerar que el Concello de Boiro no era competente para autorizar la instalación en un terreno clasificado como suelo no urbanizable común. Era ésta la consecuencia de un recurso presentado por la residente antes citada. A raíz de la decisión judicial, la empresa tuvo que repetir la tramitación de la licencia, y se encontró con una serie de exigencias del gobierno tripartito, así como con un silencio que la Consellería de Medio Ambiente llegó a considerar válido para dar por concedida la autorización. Sin embargo, el ejecutivo acabó adoptando dos acuerdos consecutivos en un breve espacio de tiempo, que eran prácticamente iguales, sólo que el último ponía condiciones para iniciar la actividad, como el cambio de combustible, la corrección de vibraciones y otras. Mientras el proceso administrativo se enrevesaba en las oficinas municipales de Boiro, seguía en marcha el judicial, con innumerables recursos de las partes, uno de los cuales era de la demandante, que pedía la ejecución de la sentencia, a la que el abogado de la empresa, Manuel Blanco Ons, respondió con un incidente de inejecución de sentencia, que fue considerado por el tribunal, como se desprende del auto fechado el 19 de abril de este año, pero dado a conocer ayer. Sin embargo, el culebrón no ha llegado a su fin, puesto que la demandante ha recurrido en súplica al tribunal, según fuentes de la demandada, de ahí que el proceso administrativo no haya concluido. Reacción El presidente del grupo Jealsa, Jesús Alonso Fernández, aseguró ayer que era conocedor del recurso interpuesto por Blanca González, y lamentó que el «extraordinario escándalo» con la licencia de Boinersa, consecuencia de un permiso provisional dado en 1996, siga aún vigente pese a los fallos judiciales e incluso decisiones de Administraciones como la Consellería de Medio Ambiente. Alonso explica que Boiro Energía hizo la tramitación legal para obtener la licencia definitiva, que consiguió en octubre de 1997, casi un año después de la concesión de la provisional, pero fueron anuladas ambas, ya que la primera era irregular, y al quedar sin efecto repercutía en la segunda de igual modo: «Licencias así habíamos dado muchas y nunca tuvimos ningún problema, porque nadie las recurrió», detalla el empresario que por aquellas fechas era, a su vez, alcalde de la villa. «Boinersa tuvo que defenderse de los pleitos y la campaña difamatoria de la oposición de entonces, y de las demandas de Blanca González del Blanco, de la que nunca podré entender cuáles son los motivos que la inducen a oponerse a cualquier paso que pueda dar Jealsa», manifestó Alonso Fernández, quien añadió a continuación: «Lamentablemente, en las últimas semanas se está hablando mucho de la existencia de 'bolsas' de influencia. Yo quiero decir a doña Blanca o a quienes pueda corresponder, que nunca admitiremos chantaje alguno». El empresario lamenta el tiempo y el dinero que el proceso judicial les obliga a gastar, «dinero que, por otra parte, nos hace mucha falta para nuestra expansión industrial», pero advierte que no cejarán en la defensa de los derechos de la propiedad y sus trabajadores.