El supermercado, la gasolinera y el taller fueron algunos de los gastos que el exgerente de Porto de Cambados cargó a la empresa, según el Fiscal
CAMBADOS
Pide que indemnice a la cofradía con 36.600 euros, además de penas de tres años de prisión para él y dos para su esposa
14 mar 2026 . Actualizado a las 20:30 h.El próximo martes, a las diez de la mañana, está previsto que arranque en la sección cuarta de la Audiencia de Pontevedra un juicio en el que debería aclararse lo ocurrido en la empresa Porto de Cambados, titularidad de la cofradía San Antonio, entre los años 2019 y 2022. La entidad, dedicada fundamentalmente a la comercialización de vieira capturada por la flota arousana, tuvo al frente a J.L.L., que se sentará en el banquillo de los acusados para responder por un delito de administración desleal y otro de apropiación indebida. Junto a él se sentará su esposa, considerada como «cooperadora necesaria» por el Ministerio Fiscal.
Fue a mediados en el año 2021 cuando en la cofradía de Cambados se encendieron todas las alarmas: algo no iba bien en la planta de vieira. La gestoría a la que ese año se le había encargado supervisar las cuentas había detectado la existencia de una serie de irregularidades: faltaban miles de euros derivados de una serie de ventas que habían sido facturadas y cobradas en metálico, pero cuyos importes no habían sido ingresados. La falta de solidez de las explicaciones dadas por el entonces gerente acabaron provocando su salida de la firma y una investigación en profundidad sobre sus años al frente de Porto de Cambados. Según las cuentas del pósito, el ahora acusado se habría hecho con una cuantiosa suma que rondaría los 180.000 euros. El Ministerio Fiscal, por su parte, considera probada la desaparición de las arcas de la empresa alrededor de 37.000 euros.
Fiscalía señala que J.L.L. era el responsable, en Porto de Cambados, «de la gestión ordinaria de la empresa, efectuando pagos y cobros a nombre de la misma». Aprovechándose de su cargo, «con el propósito de obtener un ilícito beneficio patrimonial y, en perjuicio de la entidad a la que representaba, durante el tiempo de su gestión recibió, por cobros efectuados a distintos clientes, dinero en efectivo que no era ingresado en cuentas de la empresa, ni destinado en beneficio de la misma, sino que el acusado se hizo definitivamente con esas cantidades». De esa forma, se habría hecho con alrededor de 5.000 euros.
Pero además de quedarse con ese dinero, el acusado «imputaba a la empresa gastos propios, cargando a la tarjeta de la sociedad y a sus cuentas gastos personales, como gastos de supermercado, hostelería o de su vehículo particular». En gasolina se habría ahorrado a cuenta de Porto de Cambados 7.825 euros, además de 1.094 euros del arreglo de su coche particular. En dietas y comidas, imputó a la empresa 5.321 euros, y acumuló además gastos injustificados en las cuentas de la empresa por valor de 1.759 euros.
Pero los números crecen aún un poco más gracias, según explica el Ministerio Fiscal, a la cooperación de la esposa de J.L.L., que «fue trabajadora durante un tiempo de Porto de Cambados» y que, también «sin autorización ni conocimiento por parte de la empresa», ingresó en su cuenta particular «cantidades correspondientes a Porto de Cambados, sin destinar dichos importes en beneficios de la empresa». Según las cuentas que ha podido demostrar el Ministerio Fiscal, serían unos 5.242 euros.
Siempre según el escrito de acusación de Fiscalía, J.L.L. es responsable de sendos delitos de administración desleal y apropiación indebida, mientras que su mujer es considerada «cooperante necesaria». Para él pide el Ministerio Público la pena de tres años de prisión con accesoria de inhabilitación especial para el puesto de administrador o gerente de una empresa por el mismo tiempo. Para ella, se reclaman dos años de prisión. Además, «los acusados indemnizarán conjunta y solidariamente, a Porto de Cambados en la cantidad de 5.242,60 euros por lo perjuicios ocasionados». Y él deberá hacer frente, además, a otra indemnización, esta por valor de 31.320,33 euros «por el resto de perjuicios ocasionados».