VeriFactu, autonomía y realidad económica en O Salnés: una enmienda necesaria

En los últimos meses se han sucedido manifestaciones de autónomos en distintos puntos de España, todas ellas con un denominador común: el cansancio acumulado ante el incremento constante de la burocracia, los trámites innecesarios y los costes indirectos que se cargan sobre quienes sostienen buena parte de la economía real. Ese malestar no es coyuntural ni exagerado: es profundo y ampliamente compartido. Ahora bien, también conviene aclarar que esas movilizaciones no han contado con el respaldo del conjunto de organizaciones que dicen representar al colectivo, lo que refuerza una percepción cada vez más extendida de falta de representación real.

Desde ese contexto debe leerse lo publicado estos días sobre la evolución del trabajo autónomo en O Salnés y sobre la implantación del sistema VeriFactu. Como presidente de la Federación de Empresarios de Arousa y de la Comisión de Comercio y Turismo de la Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo y Vilagarcía, considero necesario introducir matices de fondo, porque aquí no se discuten detalles técnicos, sino el modelo.

Empezando por VeriFactu. El colectivo autónomo no está en contra de la digitalización ni de la transparencia fiscal. Tampoco puede afirmarse que este proceso haya supuesto una pérdida de tiempo para nadie. Muy al contrario: quien ha querido adaptarse lo ha hecho y hoy ya trabaja con normalidad bajo este sistema, ganando tiempo y anticipándose al escenario futuro.

El problema aparece cuando se opta por un enfoque innecesariamente complejo. Frente a la proliferación de nuevos software y obligaciones añadidas, existe una solución mucho más lógica y operativa: la integración a través del TPV bancario, el mismo con el que ya se cobra a los clientes. Un sistema apoyado en las principales entidades financieras, con unos pocos estándar comunes, emisión automática de factura digital o tique con QR, y con la Agencia Tributaria como garante técnico y canalizador de la información. Menos intermediarios, menos costes, menos fricción y más eficiencia para el autónomo. Todo lo demás es añadir capas que no aportan valor.

El aplazamiento

Por eso cuesta entender el tono de queja ante el aplazamiento de la obligatoriedad de VeriFactu. El sistema estaba y está disponible. Nadie ha perdido tiempo: quien se ha incorporado ha ganado experiencia y ventaja operativa.

El desencuentro se agrava cuando, además, se defienden públicamente subidas de las cuotas de autónomos. Esa posición se aparta claramente del sentir mayoritario del sector. El autónomo español no necesita pagar más, necesita pagar de manera justa, conforme a beneficios reales, no a ingresos reales. Ingresos reales es lo que pasa por caja; beneficio real es lo que queda después de pagar costes, inversiones, alquileres e impuestos. Confundir ambos conceptos conduce a decisiones profundamente injustas y alejadas de la realidad empresarial.

En la mayor parte de Europa, los sistemas de cotización atienden al beneficio efectivo, no al volumen bruto de facturación. Mientras no se avance en esa dirección, el autónomo español seguirá compitiendo en condiciones desiguales frente al emprendedor europeo.

En cuanto a la realidad de O Salnés y del conjunto de Arousa, conviene huir del triunfalismo. Toda mejora puntual es positiva, pero hoy existen cerca de 3.000 autónomos menos que hace quince años. Se trata de un retroceso estructural que ha tenido impacto directo en la renta, en el dinamismo económico y en la vitalidad del tejido productivo local. Los datos de renta lo corroboran con claridad.

Cuando una comarca pierde autónomos, no gana eficiencia: pierde capacidad económica, iniciativa y cohesión social. El mensaje del colectivo es claro: menos burocracia, menos costes improductivos, reglas sencillas y un marco europeo real de competencia. Ignorar ese mensaje es seguir profundizando en la desconexión entre quienes dicen representar y quienes sostienen la economía real.

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