El alcalde telefoneará a la dirección para que negocie «de buena fe»
28 ene 2015 . Actualizado a las 05:00 h.No sirvió la primera reunión de la comisión municipal sobre el conflicto de Lantero para avanzar demasiado en la búsqueda de una solución. Los técnicos del Concello, cuya intervención es fundamental para orientar las decisiones de la corporación, explorar las consecuencias de la anulación del convenio urbanístico sobre la fábrica de Rosalía de Castro y marcar qué posibilidades quedan por delante, deben estudiar a fondo la documentación. El único paso al frente, a la espera de que dichos informes estén concluidos, consistió ayer en la apertura de otra vía de interlocución con la dirección del grupo cartonero. La idea es instar alstaff a que anule los 47 despidos ejecutados hasta el momento, incluida la expulsión disciplinaria del presidente del comité de empresa, y se avenga a una negociación «lexítima e de boa fe».
Será el alcalde, el popular Tomás Fole, quien en su calidad de máximo representante de la corporación se dirija a los responsables de la compañía implandata en O Pousadoiro para exponerles «a situación na que se atopa a firma logo do acordo do pleno tumbando o convenio urbanístico e para instarlles a volver a sentarse co comité» en busca de «unha saída digna para a plantilla e o conxunto da empresa», tal y como figura en la moción aprobada por unanimidad.
A la cita acudieron, además del alcalde y las portavoces de los grupos popular, Rocío Llovo, y socialista, Tania García, los concejales Xabier Ríos y Ramón Bueno, en representación de BNG y Esquerda Unida, respectivamente, así como la secretaria xeral del Concello, el arquitecto municipal y el asesor jurídico del departamento de Urbanismo. No pudo estar presente, sin embargo, el presidente del comité de empresa, Jesús López. Los delegados sindicales habían sido convocados, a la misma hora, a un encuentro en Santiago con sus propios abogados.
En su valoración del contenido de la comisión, García se limitó a subrayar que en tanto los técnicos municipales no se manifiesten al respecto la adopción de decisiones concretas será complicada, e hizo votos por que el proceso se agilice de forma que en breve pueda convocarse una segunda reunión. Ríos, por su parte, garantizó que el BNG prestará su apoyo a cualquier acción que se emprenda en defensa de los puestos de trabajo de Lantero, siguiendo el espíritu del acuerdo plenario. En este sentido, el concejal nacionalista destacó que la prioridad debe centrarse en encaminar el conflicto hacia una solución utilizando el convenio urbanístico «como ferramenta». Cualquier determinación que la comisión municipal adopte, insistió, tiene que ser consensuada con los representantes de la plantilla de la firma cartonera.
Fole acusa a EU de romper un acuerdo unánime y Bueno le responde que no tolerará otro paripé
El acuerdo de interlocución con la empresa contó con el respaldo de PP, PSOE y BNG, pero no con el de Esquerda Unida, formación de la que partió la moción aprobada la semana pasada por la corporación municipal. El regidor, Tomás Fole, no perdió la oportunidad de acusar a EU de «perseguir só a confrontación». El alcalde afirma que «a única proposta de Ramón Bueno era xudicializar o tema do convenio urbanístico, denunciándoo ante o Ministerio Fiscal e rompendo a unanimidade acadada no pleno».
El concejal de EU no tardó en responder. Bueno considera que Fole solo tiene un objetivo: «Montar outro paripé»
y vaciar de contenido la moción, cuyos acuerdos son los que tienen validez legal, para sustituirlos por «unha comisión coa que está tratando de lavar a cara, con toda a mochila que leva ao lombo e coa reforma laboral do seu partido; unha comisón que non é un órgano colexiado e non estaba incluida nesa moción».
Su formación participará en las reuniones, garantizó el edil, pero no está de acuerdo en que sea el regidor quien ejerza su representación.
Los derechos que posee la empresa
En cuanto al futuro urbanístico de los terrenos de Rosalía de Castro, las hipótesis de trabajo pasan por mantener los usos actuales (industrial y comercial), limitarlos estrictamente al industrial o cambiar su calificación para convertirlos en equipamientos públicos. La comisión tendrá que hilar fino en este sentido, puesto que en los dos primeros supuestos, Lantero podría promover un proyecto industrial o comercial (solo industrial en el segundo) y la obligación legal del Concello sería tramitarlo. La tercera vía requiere que el suelo sea incorporado al patrimonio, bien por expropiación, compensación o cooperación. La empresa tendría que ser compensada económicamente o a través de aprovechamientos urbanísticos.