Ravella argumenta ahora que el pleno no tiene competencias sobre la nueva perrera
AROUSA
Un informe deja su futuro en manos del alcalde o en todo caso del gobierno local
21 ene 2014 . Actualizado a las 06:57 h.La pelea de la sociedad protectora de animales de Vilagarcía en su empeño por activar el nuevo refugio de Pinar do Rei ha dado, de momento, tres frutos: un acuerdo plenario unánime de cumplimiento extemporáneo (resulta evidente, en pleno mes de enero, que las instalaciones no han entrado en funcionamiento con la llegada del invierno), la reunión de los tres grupos de la oposición en torno a un mismo objetivo y una de las protestas más originales de las muchas escenificadas en la Casa do Concello en lo que va de mandato. A estas alturas, sin embargo, resulta dudoso que el colectivo rinda a corto plazo su principal meta. Un informe de la Secretaría municipal, firmado ayer mismo, cuestiona cualquier poder de decisión del pleno a este respecto. Así las cosas, todo apunta a que la moción conjunta que PSOE, BNG y EU defenderán en la sesión del lunes será tumbada por el bipartito conservador PP-Ivil.
La iniciativa de las formaciones progresistas persigue, en primer lugar, la materialización del acuerdo adoptado en noviembre para poner el refugio a disposición de la protectora. Sin embargo, suscribe la secretaria del Concello, la ejecución de este tipo de medidas compete en exclusiva al alcalde. Tampoco la dotación de suministro eléctrico al edificio es cuestión que, según la alta funcionaria, concierna al pleno, sino a la junta de gobierno local. Por último, no es posible su «cesión inmediata» a la protectora sin informes jurídicos ni condiciones previamente establecidas.
El convenio actual no sirve
La secretaria abunda en este punto final. Antes de entregar su uso al colectivo es preciso determinar jurídica y económicamente si tal paso adoptará la forma de una cesión gratuita de bienes, una cesión de uso temporal o un contrato de gestión de servicios públicos, entre otras fórmulas. La duración del acuerdo marcará, además, a quién compete su aprobación. Si aquella fuese inferior a cuatro años, la potestad correspondería, de nuevo, a la alcaldía. Podría pensarse en una prórroga del convenio actual para salvar dicha dificultad, pero al tratarse de instalaciones diferentes tampoco habría lugar a ello.