Juan Manuel Chaves dice que la amenazó por frustrar la venta de un piso
08 mar 2012 . Actualizado a las 07:12 h.La venta frustrada de un piso derivó en marzo de hace dos años en la retención contra su voluntad de la arquitecta municipal de A Illa. Así, al menos, lo sostuvieron ayer en los juzgados de Pontevedra el acusado, el promotor Juan Manuel Chaves Daporta, y su hijo, que declaró como testigo.
Ambos sostuvieron que fue la empleada pública la que informó a sus clientes que sobre la vivienda existía un expediente de infracción y, presuntamente, les indicó que buscasen otras promociones. Coincidieron en que tal conducta excedió sus atribuciones, así como que la infracción se refería a otra construcción: «Se confundió de obra».
Al saber que la transacción no se iba a realizar, Chaves Daporta se presentó en el despacho de la víctima. Empezaron a discutir y, en un momento dado, la arquitecta trató de echarlo. El promotor reconoció que le dio un empujón, la acorraló contra una ventana y la amenazó: «Si estuviera abierta te tiro por ella». Añadió que si echó la llave a la puerta de la oficina fue por temor a la gente que acudió al escuchar el alboroto. «Cerró la puerta porque tenía miedo. Me llamó y le aconsejé que no saliera, que yo llamaba a la Guardia Civil», indicó su hijo.
Entre las personas que se presentaron ante el despacho se encontraban el alcalde de A Illa, Manuel Vázquez, y la concejala Dolores Folgar. Precisamente, esta última manifestó que llegó a cruzar unas palabras con el promotor, quien, supuestamente, le dijo: «Tiñante que facer o mesmo que ao teu neto. Meu neto foi asasinado hai tres anos. Iso non se me olvida».
Frente a tales palabras, Juan Manuel Chaves Daporta, quien terminó su alegato final entre sollozos, sostuvo que la edil lo interpretó mal.
El promotor aseguró sentirse calumniado, al tiempo que sostuvo que la víctima «viene contra mí». A este respecto, llegó a asegurar que «ha dado una primera licencia a las mayores aberraciones de A Illa de Arousa» antes de que fuera interrumpido por el magistrado que presidía el juicio. Le advirtió que afirmaciones de este estilo podrían llegar a considerarse delictivas.
El fiscal mantuvo su petición de cuatro años por una detención ilegal en concurso ideal con un atentado y una falta de lesiones. La defensa, por su parte, entiende que los hechos son constitutivos de un delito de coacciones en concurso con otro de amenazas -llevarían aparejados sendas penas de seis meses-, así como de una falta contra el orden público.