El equipo de gobierno de Caldas está dispuesto a agotar todos los «cauces políticos» para evitar que la Diputación de Pontevedra actúe como mediadora en el nuevo convenio que regula el canon del embalse del Umia. Descarta, eso sí, ir más allá y judicializar este asunto. «Non imos renunciar a esa cantidade. Para nós isto é un claro mangoneo político que se ten que resolver polos cauces políticos, o resto sería unha perda de tempo», subrayó el alcalde de la localidad, Juan Manuel Rey.
Aunque el organismo provincial no gana ni pierde nada con el convenio, el regidor sugirió que detrás de estos vaivenes «está, probablemente, a propia Deputación», en alusión a su presidente, Rafael Louzán.
El PSOE expuso que la misma persona, Juan Carlos Argüello Fernández, firmó hasta tres informes distintos entre el 15 de diciembre del 2008 y el pasado 12 de marzo. En el primer borrador, actuando como secretario xeral de Augas de Galicia y en época del bipartito, se aceptaban todas las peticiones municipales menos lo que los alcaldes de Caldas, Cuntis y Moraña denominan «débeda histórica», esto esto, la aplicación del IPC al canon con carácter retroactivo desde el año 2003.
En aquel documento se aceptaba la tesis de los concellos, que entienden que la presencia del organismo provincial «dificultaba enormemente a tramitación dos fondos, ocasionando ao mesmo tempo á propia Deputación unha maior carga de traballo, que dificultaba a xestión dos asuntos ordinarios desta Administración, simplificando a súa xestión notablemente a transferencia directa destes fondos dende Augas de Galicia aos propios concellos».
Seguimiento
En aquel borrador se aludía a que la comisión de seguimiento del convenio estaría presidida por el director xeral de Augas e integrada por tres representantes de este organismo y uno de cada ayuntamiento. «Aquel convenio non se firmou no seu día porque pretendiamos seguir pelexando polo IPC», dijo Rey.
El segundo documento es del 26 de febrero del 2010. Lo firma la misma persona, pero ahora en calidad de subdirector xeral de Xestión do Dominio Público Hidráulico. El convenio no varía en sus términos y considera procedente estimar la pretensión de la desaparición de la Diputación «en razón de economía procedemental e para simplificar e mellorar o proceso».
El tercer escrito es del pasado 12 de marzo. Juan Carlos Argüello Fernández da un nuevo plazo de audiencia a los concellos al volverse a incluir en el articulado del convenio al organismo provincial.
El alcalde agradeció el apoyo de BNG e ICdR y criticó al PP. De su portavoz y diputado, Jesús Goldar, afirmó que «está máis cerca do partido que dos intereses dos veciños» y lo definió como un «caso claro de supervivencia política». No dudaría -apuntó- en vestirse de torero si se lo manda el partido. «El estaba de acordo en que non estivera a Deputación e agora non se lle molla. É un contrapolítico».