El Concello de Meaño se convirtió ayer en el primer municipio de O Salnés que decide ceder a la Xunta parte de sus competencias en materia urbanística. Se trata, en concreto, el ejercicio de las funciones de inspección, supervisión, sanción y restablecimiento de la legalidad en relación con obras y usos del suelo que se lleven a cabo sin licencia urbanística o sin ajustarse a sus condiciones. Siempre, que las citadas intervenciones se encuentren en alguna de las siguientes clases de suelo: suelo rústico, suelo urbanizable mientras no se apruebe el correspondiente plan parcial o de sectorización, así como en los núcleos rurales delimitados.
El acuerdo entre el Concello arousano y la Xunta se sustenta en un convenio de colaboración. Gracias a él, será la Axencia da Legalidade Urbanística, dependiente de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, la que asuma las competencias cedidas por Meaño. La agencia es un ente público que desarrollará, en común con aquellos concellos que se integren voluntariamente, las funciones de inspección, restauración de legalidad y sanción en materia de urbanismo, así como el desempeño de cuantos cometidos les asignen sus estatutos.
Según el alcalde de Meaño, Jorge Domínguez, se trata de una medida que busca profundizar en una mayor operatividad de la gestión urbanística: «Hai que ter en conta que o simple feito de erguer un muro en solo de protección agrícola esixe autorización da Xunta, polo tanto parece lóxico que sexa tamén a Xunta a que desenvolva a proceso enteiro». Domínguez, que el Concello renuncie a sus competencias o al desarrollo de sus propios servicios de inspección. De hecho, mantiene funciones plenas en suelo urbano, así como en aquellas obras que estén completamente finalizadas antes de la publicación del convenio. En esta serie de casos la reposición de legalidad y las sanciones serán ejercidos por el Ayuntamiento.