El Partido Popular ha presentado una proposición no de ley en el Parlamento gallego para reclamar a la Xunta que regule las condiciones en las que se celebran las procesiones marítimas en honor a la Virxe do Carme. Los populares consideran que estos festejos cuentan con una gran tradición en la comunidad y recuerdan que, tras lo sucedido en Ribeira, muchos municipios han tenido que renunciar a estos festejos. Por eso argumentan que ha llegado el momento de que se regulen este tipo de celebraciones.
«Durante moitos anos, nada se opuxo á celebración das procesións do Carme, unha práctica tradicional que debe ser conservada e estimulada en beneficio do patrimonio cultural da nosa Terra», con estas palabras la diputada cambadesa, Rosa Oubiña, pretende convencer a la Administración autonómica de la necesidad de regular los festejos del Carmen. Recuerda que, tras la sanción de 300.000 euros impuesta a un armador de Aguiño, fueron varios los municipios gallegos en los que esta actividad desapareció. Por eso ahora reclama a la Xunta que inicie un proceso de diálogo con el Ministerio de Fomento para elaborar una normativa específica.
Según Rosa Oubiña, este reglamento debería incluir, en primer lugar, una declaración de interés cultural para todas las procesiones marítimas que se celebran en honor al Carmen. Por otro lado, reclama que se autorice el embarque de imágenes, bandas de música y personas no ligadas a la empresa ni a la tripulación habitual para que participen en esta actividad.
La nueva regulación también otorgará competencias a las capitanías marítimas, que deberán establecer cada año el número máximo de personas que podrán embarcar, en régimen de acompañantes, en la procesión, teniendo siempre en cuenta la estabilidad y la seguridad de la embarcación. Al mismo tiempo, los populares piden que la nueva normativa autorice, de manera expresa, la contratación de seguros para cada uno de estos festejos. Esta medida está destinada a cubrir cualquier riesgo que pueda presentarse durante las procesiones.
El reglamento establecerá también obligaciones para los armadores y las personas que decidan participar en estos festejos. Los primeros no podrán percibir compensación económica alguna por parte de los asistentes que utilicen sus barcos, al margen de lo que acuerden con los organizadores o con las comisiones de fiesta. Al mismo tiempo, podrán denegar el embarque cuando estimen que se exceden los límites marcados por las capitanías y a aquellas personas que se encuentren en estado de intoxicación etílica. Los segundos, en cambio, embarcarán de forma libre eximiendo de toda responsabilidad a patrones y armadores de las embarcaciones. Esto impedirán que puedan presentar reclamación contra ellos. Con todas estas normas, muchos municipios podrían recuperar sus procesiones marítimas.