Olaia Fernández Davila se acercó ayer a la comarca para recoger, de sus compañeros del BNG, una iniciativa encaminada a librar a los dueños de invernaderos del susto que recibieron hace unas semanas, cuando se les informó a través del catastro de que el IBI por estas instalaciones ascendía a 270 euros por metro cuadrado. Aunque es verdad que días después se aclaró que hubo un error en esos escritos, lo cierto es que el IBI para los invernaderos va a subir considerablemente, en torno a los 90 euros por metro cuadrado.
Aunque se haya sabido del caso a través de los agricultores de Meis, la concejala nacionalista en este municipio, Carme Martínez Rodiño, ya advirtió que es un problema general del campo gallego, por lo que el BNG trabaja desde dos ámbitos en busca de soluciones. El primero, a nivel municipal, y el segundo, en Madrid.
Respecto a los concellos, Martínez Rodiño recordó que la Ley de Administración Local permite a las corporaciones establecer bonificaciones del IBI que puedn llegar hasta un 90%, y considera que sería, al menos provisionalmente, una buena solución para los afectados. Pero la edila nacionalista lamentó que tal decisión dependa de la voluntad de los alcaldes, y en relación al que a ella corresponde, acusó al regidor de Meis de despreocuparse de esta cuestión que afecta a tantos vecinos en este municipio. Y recordó, al respecto, que por una instalación de 1.500 metros se podrían pagar 600 euros, todo ello sin haber evaluado los beneficios que las plantaciones darían a sus dueños.
Y para que un gravamen de ese tipo no dependa de decisiones municipales, la segunda iniciativa del BNG va encaminada al Congreso de los Diputados, donde Olaia Fernández Davila pretende presentar una pregunta al respecto. En principio, la diputada nacionalista quiere tener información acerca de los criterios aplicados en este tipo de instalaciones, para saber por qué se aplica el mismo gravamen a los invernaderos gallegos, que son unas instalaciones pequeñas y de corta duración, que a otras construcciones de grandes dimensiones y carácter permanente, como las que hay en Andalucía.
Pero en realidad, lo que los nacionalistas pretenden al llevar este asunto a Madrid es que los invernaderos queden exentos de este impuesto. «Hai que ter en conta que son propios de Galicia, unha terra afectada polo minifundismo, polo que non son de grandes dimensións, ademais é posible cambialos de terreo e non duran máis de dous anos», indicó Davila enumerando los argumentos que utilizará el BNG para demostrar que estas construcciones no pueden equipararse, por ejemplo, con una nave industrial.
La decisión del PP
En cuanto a la iniciativa presentada por la popular Rosa Oubiña, que quiere llevar el asunto al Parlamento gallego, Duarte Correa no quiso negarle el apoyo del BNG. «Non imos desbotar o de remar todos unidos». Pero los nacionalistas no desaprovecharon la oportunidad para recordar que la actual ley del catastro se aprobó en el año 2004, y que entonces gobernaba el PP. «Hai un político moi próximo a Rosa Oubiña que estaba entón no Senado, e que segue no Senado, e que nunca se preocupou por iso», dijo Rodiño. Y Olaia añadió que era una actitud constante en el PP, «que se preocupa por Galicia dende que está na oposición».