A los ochocientos propietarios afectados por el trazado del tren de alta velocidad entre Vilagarcía y Catoira hay que sumar ahora otros 265 cuyos terrenos van a ser expropiados por la construcción del viaducto que se va a levantar sobre el río Ulla y que permitirá al tren pasar de la provincia de Pontevedra a la de A Coruña. Igual que hace unos días se convocó desde el Boletín Oficial del Estado a los afectados por el tramo de Vilagarcía a Catoira, ahora se llama para el levantamiento de actas a los del viaducto.
Pero frente a los que van a ser expropiados por el primer tramo, que discurre en su mayoría por terrenos particulares y de comunidades de montes, en el caso del viaducto apenas afecta a los propietarios, ya que la mayor parte de los terrenos son del Ministerio de Medio Ambiente, al ser de dominio público. De hecho, son 14.409 metros cuadrados los de titularidad estatal, mientras que las fincas particulares son muy pequeñas; la mayor, de algo más de mil metros cuadrados.
Los afectados de Catoira deberán acudir los días 12 y 13 de mayo a la casa consistorial con el documento de identidad y los títulos de propiedad. Los de Rianxo deberán hacerlo los días 20, 21 y 22 de mayo.
Fomento destinará 132 millones a la construcción del viaducto más emblemático del Eixo Atlántico. El Gobierno autorizó la semana pasada la licitación de las obras de un puente que tendrá una longitud de 1.620 metros cuadrados y se apoyará en tres pilares sobre la desembocadura del río Ulla, un diseño que provocó muchas críticas al temer diversos colectivos que acabase afectando a las corrientes de las aguas en una zona de importancia por su riqueza marisquera.
El impacto ambiental del viaducto se solucionará con la colocación de una estructura de celosías metálicas, y la altura del puente sobre el río será de sesenta metros. El puente partirá a la altura de Pedras Miúdas, pero no sobre la laguna, como estaba previsto inicialmente, aunque sí cerca de ese espacio que, como contraprestación, será regenerado por Fomento.