El año pasado fueron practicados 619 arrestos en la provincia Los juzgados con competencias específicas cerraron el 2006 con cien casos pendientes
05 may 2007 . Actualizado a las 07:00 h.?i bien es cierto que todos los funcionarios de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado están dedicados, entre otras cuestiones, a la lucha contra la violencia doméstica, la provincia de Pontevedra cuenta con una treintena de agentes especializados y repartidos entre la Guardia Civil y la policía nacional cuyo principal cometido es velar por las víctimas de estos delitos. En el seno del instituto armado pontevedrés existe un Equipo de Mujeres y Menores. Según datos del Ministerio del Interior, el EMUME está actualmente constituido por nueve agentes responsables de «las actuaciones específicas en esta materia» que tengan lugar en el ámbito territorial sobre el que la Guardia Civil tiene competencias asignadas. Más funcionarios tiene la policía nacional en las Rías Baixas. En este caso, una veintena de agentes se reparten a partes iguales entre el Servicio de Atención a la Mujer y las distintas Unidades de Prevención, Asistencia y Protección a la Mujer Maltratada (UPAP). Ambos equipos tienen funciones diferentes, ya que el SAM, adscrito a la policía judicial, se dedica «preferentemente a la investigación de los delitos más graves», precisa en este punto un informe del ministerio. En cualquier caso, desde la Administración central se matiza que en todas las Comisarías de Pontevedra, y por extensión en las del territorio nacional, «los funcionarios de las oficinas de denuncias han recibido formación específica para atender y orientar a las víctimas de malos tratos». Casi 2.000 procedimientos De este modo, el pasado año, según refleja la estadística anual de la Fiscalía de Pontevedra, se tramitaron 1.933 procedimientos judiciales por sucesos derivados de episodios de violencia sexista. En estos doce meses, asimismo, las fuerzas del orden practicaron 619 detenciones, una cifra que supone el 32,82% de las actuaciones en este ámbito llevadas a cabo en el global de la comunidad autónoma. De hecho, los arrestos realizados en la provincia de Pontevedra superan la suma de los contabilizados en Ourense, 186 casos, y en Lugo, 244 supuestos. En este sentido, sólo A Coruña, con 837 detenciones, superó a las Rías Baixas en este tipo de intervenciones. Una de las medidas implantadas el pasado año para acabar con la lacra de los malos tratos fue la de especializar determinados juzgados en cada partido judicial de las Rías Baixas para que asumieran este tipo de asuntos. A pesar de los pocos meses de su puesta en funcionamiento, los trece órganos con competencia en esta jurisdicción finalizaron el 2006 con un global de 109 asuntos pendientes, mientras que resolvieron 139.