Grúas en peligro de extinción

Aunque se trata de una norma transitoria, la Lei de medidas urxentes en materia de ordenación do territorio e do litoral de Galicia tendrá evidentes repercusiones en los municipios de la costa. Aunque si hay uno que sentirá de un modo especial sus efectos será el de A Illa. En caso de que el anteproyecto presentado anteayer finalice su trámite parlamentario sin variaciones, supondrá la paralización efectiva de la construcción en la localidad. La nueva norma impedirá la construcción en los primeros 500 metros de la costa, salvo en suelo urbano consolidado. Todo el territorio de A Illa está incluido en esa franja litoral, de modo que, salvo en el caso de unos pocos y céntricos solares, la normativa que pretende impulsar la Consellería de Política Territorial estrangularía la construcción en A Illa. Este pequeño municipio tiene una extensión de 700 hectáreas. De ellas, 484 son suelo protegido; 122 son suelo urbano consolidado ?que en más de un 80% está ya desarrollado?, y otras 30 hectáreas se dividen entre suelo urbanizable y rústico común. Por último, el suelo urbano no consolidado ocupa 64 hectáreas. En esta catalogación urbanística se engloban las 79 áreas de reparto que prevé el PXOM de A Illa. En los últimos años, éstas han centralizado la actividad edificatoria en la localidad, pero esta tendencia se romperá en cuanto entre en vigor la nueva normativa y mientras no se desarrolle el plan definitivo del litoral. Sorpresa En el municipio insular esperaban no verse afectados por estas medidas. De hecho, hace algunos meses, cuando se dio a conocer la intención de la consellería de paralizar las licencias a menos de 500 metros de la costa, la titular del departamento, María José Caride, avanzó que esa norma no afectaría a casos como el de A Illa. Sin embargo, y a expensas de lo que ocurra durante la tramitación parlamentaria del texto, desde el departamento de Política Territorial se afirmaba ayer que el anteproyecto no prevé ninguna excepcionalidad. Esta incertidumbre ha suscitado un sentimiento de preocupación en el municipio. Ayer, el alcalde Manuel Vázquez se refirió a este asunto y aseguró que está trabajando no sólo con la consellería, sino también con el grupo parlamentario socialista, para que la demanda de A Illa se vea recogida en el texto definitivo. En caso contrario, las consecuencias, para él, están claras: «Teremos que pechar o chiringuito». Así que espera que, a lo largo de su tramitación, la normativa legal incluya una disposición de excepcionalidad que ampare el caso isleño. Si no es así, «no peor dos casos, teremos que recurrir ao xulgado». No sería la primera vez, puesto que A Illa tiene ya un contencioso abierto en la Audiencia Nacional contra el Gobierno central, también en materia de costas. Otro de los términos en los que la normativa de los 500 metros tendrá más incidencia es el de O Grove. Aunque, en este caso, ya tienen «callo en cuestiones urbanísticas», tal como decía ayer su alcalde, Miguel Ángel Pérez. El regidor popular criticó que, a estas alturas, y con el anteproyecto ya aprobado por el Consello da Xunta, «como Ayuntamiento, no sabemos absolutamente nada. Somos uno de los principales actores de esta historia, y no sabemos nada». O Grove y su PXOM Pero fuera de ello, en cuanto a los efectos que pueda tener esa ley, Pérez no cree que O Grove se vaya a ver muy afectado, puesto que se encuentra ya en un régimen transitorio en el que la actividad constructiva se encuentra bastante limitada. En cualquier caso, el primer edil grovense tiene muy claro cuál es su batalla: sacar adelante, cuanto antes, el plan urbanístico que se está tramitando. Aunque son los casos más evidentes, no son los únicos. En la comarca todos los municipios, excepto Meis, se verán afectados en mayor o menor medida por esas medidas transitorias que sin duda levantarán ampollas. Y no sólo en lo que a desarrollo constructivo se refiere. No hay que olvidar que buena parte de los ingresos económicos de los municipios provienen del urbanismo.

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