La comisión ciudadana considera imprescindible eliminar el uso residencial La comisión ciudadana en defensa de Cortegada presentó ayer sus alegaciones al plan sectorial para la protección de la isla carrileña, que desarrolla la Consellería de Política Territorial. En general, el colectivo echa en falta una mayor contundencia y claridad en aspectos fundamentales, como la eliminación de toda referencia a usos residenciales u hosteleros, los criterios para la rehabilitación de la antigua aldea y el catálogo de fauna y flora.
29 dic 2001 . Actualizado a las 06:00 h.REDACCIÓN VILAGARCÍA El proceso de recuperación de Cortegada se basa en dos pilares fundamentales: el plan de ordenación de recursos naturales, y el proyecto sectorial que desarrolla las actuaciones a seguir en la isla, siguiendo las pautas del documento anterior. Y es aquí donde la comisión encuentra su primera sorpresa: el proyecto sectorial ha sido presentado y sometido a exposición pública cuando las alegaciones al plan de ordenación aún no han sido resueltas. En cualquier caso, el colectivo explicó ayer ~sus alegaciones a este segundo documento. Unas alegaciones cuya redacción, aseguran sus miembros, se ha visto dificultada por la negativa de la consellería y del Concello a proporcionarles una copia del proyecto. En general, la comisión exige a la Administración un criterio claro, definitivo y riguroso a la hora de plantear la reconstrucción de la antigua aldea y, sobre todo, los usos futuros de Cortegada. En este sentido, la organización considera imprescindible eliminar cualquier referencia a usos residenciales y la posibilidad de instalar un restaurante o cafetería. Algo que redundaría en una presión «innecesaria» sobre este espacio natural. La aldea, como exponente único de la vida tradicional en la ría, debe ser restaurada de forma respetuosa. Pero, además, las viviendas ofrecen la oportunidad de ubicar en ellas el centro de interpretación de la isla, evitando la elevación del nuevo edificio que prevé la Xunta, en un lugar hasta ahora libre de construcciones. Mayor rigor, también, en la catalogación del patrimonio arquitectónico y natural. Y, finalmente, una concreción de las actuaciones a desarrollar, cuyo coste se elevaría, según la Xunta, a 1.200 millones.