Los representantes jurídicos de José Filgueiras recuerdan que el fallo del Tribunal Superior de Xustiza del pasado 13 de noviembre es firme y no es susceptible de recurso. Es por ello que, si en el plazo de dos meses no se ejecuta la sentencia, pedirán la ejecución forzosa de la misma. Entienden, además, que en caso de no atender al pago que se le reclama, el Concello puede estar incurriendo en «desacato» o, incluso, en «prevaricación». El Concello de A Illa se había negado a abonar estos pagos argumentando que se trataba de una deuda anterior a la segregación. Defendían que la deuda fue contraída antes de la existencia del término municipal y, por lo tanto, la obligación de pago recaía sobre el Ayuntamiento de Vilanova. La ambigüedad de los términos del decreto de segregación, reconocida por el propio TSXG en una sentencia dictada el pasado verano, ha dado lugar a varias reclamaciones de acreedores de los municipios arousanos. El resultado de estos recursos ha sido muy variado según el tribunal que haya interpretado el decreto.