Declaran en concurso de acreedores a la constructora del auditorio de Magoi, con 38 millones de deuda

Más de cien pisos, situados en Viveiro y en Burela, están ya en manos de la Sareb


lugo / la voz

El Juzgado Mercantil declaró en concurso de acreedores a Construcciones Vila Río Miño, la empresa lucense que construyó el nuevo auditorio de Magoi y que actualmente tiene sin vender y en manos del Sareb más de un centenar de viviendas en la costa. La compañía, que había presentado previamente preconcurso, tiene un pasivo de 38 millones de euros. Es el segundo más elevado de los registrados en la provincia desde que comenzó la crisis, y solamente superado por Ingemarga, que alcanzó los 50 millones en deudas.

Concurso ordinario

El administrador concursal de esta empresa, que trabajaba en buena medida para organismos públicos es desde ayer el economista Alberto Leiro. Este concurso fue declarado ordinario no solo por el pasivo (supera los 5 millones estipulados por la normativa en vigor), sino también por el número de trabajadores, más de medio centenar.

Construcciones Vila Río Miño consiguió superar los peores años de la crisis del ladrillo, que comenzó en el año 2007. Sin embargo, no consiguió afrontar con éxito la ausencia de licitaciones públicas de los ejercicios 2015 y 2016, en unos años de descenso en picado de la carga de trabajo.

La compañía, según fuentes consultadas, no consiguió superar los problemas económicos, pese a que su patrimonio supera los 47 millones, como consecuencia de la acumulación de viviendas en la costa en manos del Sareb, que no se vendieron.

Se calcula que son más de un centenar los pisos repartidos entre Burela y Viveiro de las que se hizo cargo la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria.

Construcciones Vila Río Miño contó en momentos puntuales de elevada actividad empresarial con una plantilla de más de un centenar de trabajadores. En esos años tenía obras en Fuerteventura y en Pontevedra, entre otras localidades. En los últimos meses quedaron solamente unas cincuenta personas. Algunos solicitaron la extinción de contratos y otros están a la espera de acontecimientos.

Fuentes sindicales señalaron que la deuda acumulada por la compañía con sus operarios supone los salarios de cuatro meses, aunque no en todos los casos. Indicaron también que los que ya se marcharon no percibieron las indemnizaciones del 7% que les correspondía por final de contrato y que está en vigor desde el año 2007.

Al administrador concursal le queda ahora un importante trabajo que realizar, antes de tomar decisiones.

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