La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) agravó todavía más la polémica existente entre ciertos sectores del instituto armado como consecuencia del cese cautelar del sargento del puesto de Friol por un presunto enfrentamiento con el alcalde. Este colectivo de agentes se pone en contra del mando, respalda al regidor y reclama «el pase de suspenso de funciones y cesarlo en destino» para el hasta ahora responsable de la institución en el municipio friolense. Por otro lado, la Asociación de Suboficiales defiende al guardia objeto de investigación actualmente. La AUGC es clara y no repara en críticas al sargento. Según dice la asociación, este mando «intentó imponer a uno de sus subordinados, a firmar una denuncia de urbanismo contra la familia Pacín». Esta familia es la de la concejal del equipo de gobierno y diputada autonómica del Partido Popular, Isabel García Pacín. Añade el colectivo que «dicho subordinado fue amenazado conforme que si no firmaba la denuncia, realizada por el sargento, éste daría cuenta a sus superiores». Recuerda la asociación que «ante la negativa del guardia civil a firmar algo diferente a lo que él había presenciado, el sargento supuestamente falsificó su firma, al igual que las de los otros dos subordinados que aparecen como denunciantes en el atestado para poder tramitar la misma». El colectivo que ayer dio a conocer su versión sobre la polémica suscitada en Friol, después de recordar que es el más numeroso y representativo de todos los existentes en el cuerpo, «con más de 29.000 afiliados en todas su escalas» dice que apoya la versión difundida el domingo por el alcalde friolense, Antonio Muíña, que desmintió que el cese del sargento fuese por problemas políticos. En cambio sí lo fue por motivos internos después de que «un subordinado pone en conocimiento de sus superiores una serie de irregularidades en la redacción de una denuncia urbanística, así como una presunta falsedad de documentos». Dice AUGC que el mismo sargento «reconoce ante el capitán de Vilalba, Virgilio López Rico y ante el jefe de la Comandancia de Lugo, Miguel González Arias, haber falsificado la firma de tres guardias civiles. Así es como sucedieron los hechos y esa fue la causa del inicio de las actuaciones de la propia Guardia Civil y no otras como manifiesta el entorno del sargento sancionado». Abel Fernández Grandío, secretario general de Lugo del citado colectivo de guardias destacó que «las declaraciones del sargento no tienen ningún sentido, al querer desconcertar y engañar a la opinión pública sobre lo realmente ocurrido y apoya a los guardias civiles de Friol». Para la AUGC las medidas cautelares tomadas hasta ahora por parte del director general de la Policía y de la Guardia Civil, «no son las suficientes y debería proponer al sargento el pase de suspenso de funciones y cesarlo en el destino, para evitar un mal mayor en el puesto de Friol».