El empresario reclama una compensación por el derribo de dos plantas del edificio Grallal El alcalde recuerda que el permiso fue otorgado por el PP cuatro días antes de dejar el gobierno
05 may 2007 . Actualizado a las 07:00 h.Andrés López Blanco, titular de la sociedad limitada homónima, reclama al Concello de Viveiro una indemnización de 740.000 euros por las pérdidas ocasionadas por el derribo parcial del edificio construido en las proximidades del pazo de Grallal, en Covas. En 2005, la Dirección Xeral de Patrimonio ordenó la paralización de las obras ya que «a licenza se concedeu carecendo da preceptiva autorización da Consellería de Cultura», dada la cercanía (20 metros) a un elemento inventariado, el pazo de Grallal. En acuerdo del 10 de enero del 2006, la delegación provincial de la Consellería de Cultura e Deporte rechazó el levantamiento de la suspensión cautelar de las obras y la legalización solicitadas por el constructor. En abril, este mismo departamento desestimó el recurso de alzada interpuesto por López Blanco contra la resolución anterior. La condición básica fijada para legalizar el inmueble era ajustar las alturas, establecidas en bajo y cuatro plantas, con un máximo de cornisa de 16 metros. Poco tiempo después comenzó el derribo de dos plantas del edificio Grallal, que se alargó por la complejidad de la intervención. Finalizados los trabajos, el empresario pide una compensación al Concello. El alcalde viveirense recordaba ayer que la licencia fue otorgada por el gobierno del popular César Aja, cuatro días antes de dejar el poder, el 9 de junio del 2003. El socialista Melchor Roel reconoce que fue el ejecutivo bipartito que preside el que concedió el permiso definitivo. Pero insiste en aclarar que, cuando el proyecto de ejecución coincide con el básico, como ocurría en este caso, «no puedes denegar la licencia». «Lo que sí hicimos -abunda el primer edil-, que ellos no habían hecho con el proyecto básico, es comunicárselo a Patrimonio, que nos contestó que como ya estaba en obras no entraba. Cuando cambió el Gobierno de la Xunta, ésta retomó el tema por una denuncia de un particular. Y Patrimonio ordenó rebajar la altura».