PLAZA PÚBLICA | O |
03 feb 2007 . Actualizado a las 06:00 h.CUANDO Pescanova anunció que suspendía sus proyectos en Ribadeo y Xove la opinión generalizada fue que se trataba de un órdago para presionar a la Xunta. Pescanova reclamaba una legislación más clara y afirmaba que al menos durante este año ambos proyectos no se ejecutarán. Sin embargo, casi nadie dudó de que más pronto que tarde las obras se harán, entre otras razones porque ya tiene prácticamente comprada toda la superficie que requiere en Ribadeo. Pero ayer se avanzaba en este diario la noticia de que el Gobierno de la nación bloquea el desarrollo del plan de acuicultura de Galicia. Costas quiere situar las industrias a 500 metros del mar y exige analizar caso por caso, es decir, la decisión no depende de la Xunta, porque el Ministerio de Medio Ambiente se niega a dejar en manos de un gobierno autónomo la concesión o renovación de licencias. Los precedentes están ahí: Medio Ambiente ha denegado a Servimar la concesión de una de las principales plantas depuradoras de Cataluña porque estaba en la zona de dominio marítimo-terrestre. Y la presión de la Generalitat no es precisamente la que ejerce la Xunta.