Una sentencia del TS podría obligar a tirar parte de un edificio en Viveiro

?l 31 de diciembre de 1976 el entonces alcalde de Viveiro, Ramón Salgueiro Abad, y Consuelo Goas Cachón y Francisco Méndez Goas, propietarios de la casa número 21 de la plaza Mayor, anexa al consistorio, firmaron un convenio que permitiría elevar el citado inmueble hasta las cinco plantas, al redactar un plan general o unas normas subsidiarias de planeamiento. Como contrapartida, estos vecinos consentían trasladar la servidumbre de luces y vistas (en la pared medianera) a la cuarta planta y sucesivas del edificio para poder así construir la nueva casa consistorial. El Ayuntamiento no pudo cumplir aquel pacto porque, en la tramitación del plan especial de protección y reforma interior del casco antiguo (Pepri, aprobado el 7 de agosto de 1997), la Consellería de Cultura impuso la consolidación de las alturas de las edificaciones del lado norte de la plaza Mayor, justo donde se ubica la citada vivienda. Los propietarios ya no podrían erigir, por tanto, dos plantas adicionales. Para resolver la discordancia entre el compromiso adquirido por el Concello y el Pepri, ambas partes acordaron, el 25 de noviembre de 1997, que el Ayuntamiento indemnizaría a Méndez Goas con una cantidad en metálico, como recoge el acta del pleno del 5 de abril del 2002. En aquella sesión se fijó la cuantía, 120.000 euros, a abonar en tres anualidades (30.050 en 2002, 30.050 en 2003 y 60.101 en 2004). En paralelo a esto surgió otro litigio entre el Concello de Viveiro y Méndez Goas. Este último interpuso un recurso contencioso-administrativo contra el acuerdo de la comisión de gobierno del 17 de enero de 1994, con el popular César Aja al frente, que concedía licencia para construir un edificio en la calle Nicolás Cora Montenegro. La obra se ejecutó y, tras sucesivos recursos, el Tribunal Supremo, en sentencia del 4 de junio del 2001, acabó dando la razón al particular y ordenando la demolición de las dos últimas plantas. Este asunto quedó supuestamente zanjado en el pleno del 5 de abril del 2002, con el compromiso del Concello (por nueve votos a favor, del PP; cuatro en contra, de BNG y EU-IU; y tres abstenciones, del PSOE) a abrir una calle paralela a Nicolás Cora, por detrás del edificio referido, para dar acceso a las fincas de Méndez Goas y otros propietarios colindantes. Las obras deberían estar ejecutadas a 31 de diciembre del 2003. La actual corporación aprobó una modificación de aquel acuerdo, en el pleno del 9 de septiembre del 2003 (con apoyo de todos los grupos salvo el edil de EU-IU), y aplazó justo un año, hasta el 31 de diciembre del 2004, la apertura de la calle, «mediante el movimiento de tierras y excavaciones, como mínimo». El PP critica ahora que el bipartito no haya iniciado siquiera el proceso de compra o expropiación de terrenos para abrir el vial, saltándose así el acuerdo plenario.

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