La Fiscalía les imputa un presunto delito de malversación de???fondos???? entre el 2000 y el 2003 El Juzgado citará como testigo al interventor que advirtió de la ilegalidad del pago
14 ene 2005 . Actualizado a las 06:00 h.El Juzgado de Viveiro tramita la denuncia presentada por la Fiscalía de Lugo contra el ex alcalde César Aja y los nueve ediles que formaron parte del anterior gobierno del PP, a los que imputa un supuesto delito de malversación de fondos públicos. El ministerio público considera que tanto los ediles - Justo Vázquez, Joaquín Gayoso, Guillermo Leal, Antonio Solla, Marta Pérez , Fernando Estévez, Pablo García, Rosario Canoura y Celestino García- como el propio Aja percibieron, supuestamente de forma indebida, indemnizaciones por su asistencia al Concello y pertenencia a las delegaciones municipales, entre los años 2000 y 2003, y que suponen cantidades un total de 146.000 euros los primeros y 49. 259 el ex regidor. La Fiscalía lucense se basa para interponer la denuncia en la modificación en el año 2000 del artículo 75 de la ley que regula las haciendas locales y que impide la percepción de indemnizaciones individuales por asistencia a los concellos. Entre las diligencias a practicar que figuran en la denuncia presentada a trámite en el juzgado viveirense figura la citación, en calidad de testigo, al último interventor que ha tenido el Concello de Viveiro, Fernando Martínez de Arriba. El origen de esta citación está en un polémico pleno celebrado en septiembre del 2003 en el que se aprobó la modificación de las bases del ejecución del presupuesto de ese año y las dedicaciones exclusivas del bipartito. En la sesión, el portavoz del BNG apelaba a una advertencia de ilegalidad realizada por el interventor sobre el cobro por la asistencia al Concello del anterior equipo de gobierno del PP. El propio Martínez de Arriba intervino en la sesión pelanria para señalar que sólo se pueden cobrar las asistencias a las sesiones de órganos colegiados, matizando que la alcaldía no lo es, por lo que dichos cobros fueron calificados de retribuciones encubiertas. El hecho fue negado por el PP, que llegó a recusar al interventor en la misma sesión, al parecer, por no haber advertido antes sobre la legalidad de las retribuciones. Declaración a Hacienda En noviembre el gobierno PSOE- BNG reclama al PP el reembolso de 74.000 euros que consideraban habían cobrado los ediles del PP de forma indebida. César Aja replicó entonces señalando que los informes de los interventores habían sido favorables y que las cantidades cobradas se declaraban a Hacienda, sin que existiera, en su caso, incompatibilidad con los percibido en el Senado.