Cinco agentes de la firma de seguridad mataron hace dos años a 14 iraquíes desarmados.
02 ene 2010 . Actualizado a las 02:02 h.El Gobierno de Irak lamentó ayer la decisión de un juez estadounidense de desestimar los cargos contra cinco agentes de la firma de seguridad Blackwater por las muertes de 14 iraquíes desarmados hace dos años y anunció que insistirá en que sean juzgados.
«El Gobierno iraquí seguirá los procedimientos de rigor para poder enjuiciar a los responsables de la empresa mencionada y preservar los derechos de los ciudadanos iraquíes afectados y sus familias», afirmó el portavoz del Gobierno iraquí, Ali al Dabagh.
Los cargos se refieren a un hecho ocurrido en septiembre del 2007, cuando guardias de Blackwater, que escoltaban un convoy diplomático estadounidense, abrieron fuego en la plaza Nisoor, en Bagdad, donde murieron y resultaron heridas al menos 34 personas, incluidas mujeres y niños. Los cinco acusados enfrentaban 14 cargos por homicidios y 20 por intento de homicidio, entre otros.
Un juez estadounidense desechó todos esos cargos al decidir que el Gobierno de EE.?UU. había violado los derechos de los mercenarios cuando usó las declaraciones de los procesados, a quienes se les había otorgado inmunidad, para adelantar las investigaciones.
En la declaración pública, el portavoz iraquí dijo que las investigaciones realizadas en Irak demostraron que los agentes privados de Blackwater «cometieron un delito grave» y violaron normas que impiden usar armas sin ninguna justificación. «El Gobierno iraquí lamenta y está decepcionado con la decisión del tribunal estadounidense», añadió el portavoz, quien indicó que se estudia la posibilidad de demandar a Blackwater, que cambió su nombre a Xe Services. Un asesor del consejo de ministros de Irak, Saad al Mutalibi, anunció que el Gobierno apelará la sentencia ante los tribunales estadounidenses. «Se apelará... y, si no se resuelve adecuadamente, esto añadirá más tensión a las relaciones entre Irak y EE.?UU.», dijo.
Blackwater era una compañía que durante años contrató y suministró personal paramilitar para la protección de convoyes, edificios, instalaciones militares y funcionarios de Gobiernos. Tras el tiroteo del 2007, el Ejecutivo iraquí suspendió la licencia de la compañía. Los cinco agentes Paul Slough, Nicholas Slatten, Evan Liberty, Dustin Heard y Donald Ball fueron acusados de homicidio voluntario e infracción en el uso de armas por la muerte de 14 civiles.