Bruselas cree que la financiación de TVE no viola las leyes de competencia
TELEVISIÓN
Aun así mantiene dudas sobre si el nuevo modelo cumple las reglas para el sector de las telecomunicaciones
21 jul 2010 . Actualizado a las 02:00 h.Que el Estado pague a una cadena pública de televisión a la que se le prohíbe obtener ingresos de la publicidad, para garantizar que a pesar de eso puede ofrecer un servicio público de calidad, es una decisión legal. Pero no está tan claro que también lo sea cobrar a las cadenas de la competencia y a las compañías operadoras de telecomunicaciones para que sean ellas quienes sufraguen ese sistema.
Esa es la tesis que mantiene la Comisión Europea, que decidió ayer que, aunque el nuevo modelo de financiación de la televisión pública española no vulnera las leyes de competencia, porque «garantiza que RTVE no recibirá una compensación excesiva por prestar servicios públicos de radiodifusión», sí podría vulnerar las normas de telecomunicaciones, porque obliga al resto de operadoras a asumir el coste del sistema.
El nuevo modelo, que entró en vigor el pasado 1 de enero, permite que el Estado entregue a RTVE los ingresos que obtiene de varias tasas impuestas a las televisiones privadas, en abierto y de pago, y a las operadoras, para compensar que no emite publicidad y que, por tanto, no compite con ellas en esos mercados.
La ley española impuso el fin de los anuncios y de cualquier tipo de publicidad en la televisión pública, desde la televenta a los servicios de comercialización y de pago por visión. A cambio, se establecieron tres medidas que incluyen gravámenes al resto de empresas: un impuesto del 3% sobre los ingresos de retransmisión en abierto de las televisiones comerciales y del 1,5% para las televisiones de pago; una tasa del 0,9 % sobre los ingresos de los operadores de comunicaciones electrónicas; y un porcentaje del 80% sobre la tasa ya existente que grava el uso del espectro radioeléctrico, con un límite de 330 millones de euros.
Almunia y Kroes
El vicepresidente encargado de la cartera Competencia, el español Joaquín Almunia, aseguró ayer en un comunicado que la decisión de España de optar por «poner mayor énfasis en la misión de servicio público de RTVE» se inscribe «en el marco de la reforma de los organismos públicos de radiodifusión europeos» y está «en consonancia con la política de pluralidad de medios apoyada por la UE».
Curiosamente, el encargado de explicar la medida fue Jonathan Todd, portavoz de la holandesa Neelie Kroes, también vicepresidenta, encargada de la cartera de Agenda Digital y, por lo tanto, quien deberá decidir sobre el expediente relativo a la adaptación del modelo español a las normas de telecomunicaciones. Según Todd, la decisión se adoptará en unos meses, en cualquier caso tras el verano.