El gobierno coruñés estudia cómo cumplir el fallo sin derribarlo
24 sep 2011 . Actualizado a las 06:00 h.La batalla judicial para intentar legalizar el edificio coruñés Conde de Fenosa, sobre el que pesa una sentencia de derribo, tocó ayer a su fin. Después de que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia tumbase los dos últimos recursos presentados por el gobierno local, en los que se pedía la anulación de todo el proceso, a lo largo del cual se anularon todas las licencias del edificio, el alcalde, Carlos Negreira, anunció que ha dado órdenes al concejal de Urbanismo y a la asesoría jurídica municipal para abrir el proceso de ejecución de sentencia.
Una decisión que se produce tras un auto ya firme del tribunal en el que se subraya que no cabe seguir recurriendo una sentencia dictada hace diez años y que sigue la misma argumentación que el último fallo, dictado en mayo, cuando el TSXG recriminó al Ayuntamiento sus intentos por «alargar indefinidamente con recursos un asunto que ya está juzgado», dándole un plazo de quince días para presentar el proyecto para ejecutar el derribo del edificio.
Con la decisión de acatar finalmente el fallo, el gobierno local se enfrenta ahora al dilema de cómo cumplir el mandato judicial sin proceder a una demolición que provocaría un efecto dominó en las arcas municipales, que se enfrentarían a indemnizaciones millonarias. Negreira, que criticó «los diez años de dilaciones» en el cumplimiento de la sentencia, se comprometió ayer a buscar «la mejor solución para todos», con una fórmula consensuada con el menor coste tanto para los vecinos como para las arcas municipales.
Sin plazo
Sobre lo que no se pronunció el alcalde es sobre las alternativas que se podrían plantear para parar el derribo ni sobre el plazo para tener encima de la mesa una solución, aunque avanzó que «el proceso de ejecución de una sentencia es largo, complejo y habrá que resolver muchas dudas».
Más claro lo tiene el arquitecto que denunció las irregularidades en la construcción, Valentín Souto, que entiende que el Ayuntamiento no tiene otra alternativa que el derribo y que no habría posibilidad de legalizar el inmueble aprovechando la aprobación del nuevo plan general, al tiempo que recuerda que el TSXG amenazó en mayo con multar al Ayuntamiento si no cumplía la sentencia.
Desde la oposición, los concejales del BNG entienden que el recurso estuvo «mal formulado e peor fundamentado», al tiempo que recomiendan solicitar la inejecución del fallo por la imposibilidad de «repoñer o edificio á situación anterior».