La conselleira de Facenda dice que condena a Galicia a una asfixia financiera y que hará que acudir al Constitucional.
06 jul 2011 . Actualizado a las 09:33 h.«Ningún avance, ninguna transacción, ninguna propuesta». Así de pesimista fue la valoración que hizo ayer la conselleira de Facenda, Marta Fernández Currás, de la posición del Gobierno en la comisión bilateral con el Estado en la que la Xunta buscaba un acercamiento en su reclamación al Ejecutivo de 805 millones de euros por deudas de la aplicación del nuevo sistema de financiación autonómica. La delegación gallega se encontró con un rechazo de plano por parte del Gobierno a cualquier posibilidad de buscar una solución que evite el recurso a la vía judicial para resolver el desacuerdo. De hecho, según aseguró Fernández Currás, fue el propio Ejecutivo el que les invitó ayer a recurrir ante los tribunales.
La conselleira de Facenda contrapuso la actitud de bloqueo que a su juicio mantiene el Gobierno con la disponibilidad de la Xunta para buscar una solución que le permita disponer de unos recursos que considera imprescindibles para prestar «servicios fundamentales a todos los gallegos». La opción que ayer le dio el Ministerio de Administraciones Públicas fue que solicitara a la ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, el anticipo del fondo de cooperación aunque, según explicó Fernández Currás, ya sabe que lo ha hecho en múltiples ocasiones con resultado negativo. A su juicio, la solución era tan sencilla como «la concesión de un anticipo de tesorería que se puede acordar en cualquier momento del ejercicio presupuestario».
Ante el absoluto desencuentro, la Xunta se plantea ya la presentación de un recurso de inconstitucionalidad contra los Presupuestos del Estado del 2011 por el supuesto incumplimiento del sistema de financiación autonómica y de los acuerdos del Consejo de Política Fiscal Financiera que, según explicó, tienen carácter interpretativo de la ley que regula el modelo. La conselleira aseguró que existen «múltiples razones» para recurrir ante el alto tribunal, aunque precisó que será el Gobierno de la Xunta el que tomará la decisión final. Madrid considera que la vía judicial está ya abierta porque la Xunta ha interpuesto ya un recuso por la vía contenciosa y porque tanto la Región de Murcia como un grupo de 50 diputados del PP han presentado un recurso ante el Constitucional por la negativa del Gobierno a adelantar en el 2011 unos fondos que sí liquidó en el mismo ejercicio en los años 2009 y 2010. El Ejecutivo quiere posponer el pago hasta el 2013, cuando la compensación correspondiente pueda calcularse al estar el ejercicio ya cerrado.