Entra en vigor la norma que amplía el veto a la edificación en la costa hasta la aprobación inicial del documento
04 may 2010 . Actualizado a las 09:31 h.El calendario marcado por el Gobierno de Feijoo para la aprobación inicial del plan que ordenará el litoral gallego está tropezando con las reticencias de buena parte de los 84 concellos en los que se aplicará.
La complejidad técnica del documento remitido por Medio Ambiente y los recelos políticos, a falta de un año para las elecciones municipales, han obligado a la Xunta a demorar sus plazos y a corregir su intención de no prorrogar de nuevo la ley que aprobó el bipartito para blindar la costa hasta la entrada en vigor del plan del litoral. A los alcaldes les preocupa que llegue acompañado de fuertes restricciones. Para aplacar esa inquietud, Medio Ambiente ha situado en el centro de su discurso ante los alcaldes la aclaración de que el plan en ningún caso implicará derribos.
Aunque en las sesiones de trabajo con los regidores y equipos técnicos municipales que está desarrollando la consellería, dentro de la fase de trámite de audiencia del plan del litoral, priman los puntos de encuentro sobre las discrepancias, los temores de los alcaldes tienen como denominador común una interpretación errónea de los objetivos de la nueva ordenación. En Medio Ambiente apuntan que en esa lectura equívoca los concellos tienden a interpretar el plan como un instrumento de ordenación urbanística, cuando se trata de un plan territorial integrado. Está concebido para marcar directrices y «servir de orientación» a los ayuntamientos en la definición de los espacios que deben ser protegidos, mejorados u ordenados. Por tanto, la consellería propone, pero deja margen a los concellos para adaptar esa pauta general de alejar la presión urbanística de la costa, para trasladar la edificabilidad y los aprovechamientos a los ámbitos de ordenación.
Ante la inquietud de los alcaldes, las aclaraciones en las que más insisten los técnicos de Medio Ambiente aluden a que el plan no dejará fuera de ordenación ni obligará a demoler ninguna construcción, a que no será de aplicación en el suelo urbano consolidado ni en núcleos rurales, y a que los corredores en los que no se podrá edificar «son orientativos» y se ajustarán en la planificación en detalle. Por esos suelos comenzará a levantar la Xunta las cautelas que, desde hace tres años, impiden construir en la costa.
Evitar el vacío legal
Medio Ambiente abordará la retirada progresiva de ese blindaje cuando tenga lista la aprobación inicial del plan del litoral, momento en el que expirará la nueva prórroga del veto al ladrillo que ayer entró en vigor con su publicación en el DOG. Según Feijoo, el plazo estimado es de «dous ou tres meses», con lo que el blindaje comenzaría a levantarse a partir de julio. Pero, además de la fase de análisis con los concellos, la consellería todavía no tiene lista la fórmula que garantice que ese levantamiento de la ley de los 500 metros no dará lugar a ningún vacío legal, como temen PSOE y BNG.
La Xunta, que estudia el mecanismo más idóneo, percibe un «intento de politizar» el plan del litoral, con críticas de un mismo partido que a nivel municipal reprocha un exceso de proteccionismo, mientras en el ámbito autonómico objeta que se entrega la costa a la especulación.