El Gobierno gallego ha detectado un desfase de 1.200 millones en sus cuentas. Aunque Feijoo ha hecho de esos buratos la primera palanca política de su gestión, los desajustes merman la capacidad inversora del Ejecutivo, lo que en una coyuntura de crisis ya se ha traducido en la suspensión de algunos proyectos del bipartito. Pero sobre la contabilidad de la Xunta penden otras hipotecas millonarias, como la contraída en las tres autovías en servicio con peajes en la sombra, que el bipartito cifró a su marcha en 233 millones de euros. Es el primer pico de una factura que crecerá en los próximos años, con otros tres viales proyectados con el mismo sistema concesional. De momento, el impacto en la contabilidad del Gobierno es elocuente. Supone casi la mitad de los 497 millones que figuran en números rojos en el balance que Touriño detalló antes del traspaso de poderes. La deuda corresponde a la autovía Santiago-Brión (AG-56) y a las resultantes de los desdoblamientos de los corredores de O Salnés y Barbanza. Las tres fueron proyectadas en régimen de concesión, que permite recurrir al endeudamiento para acelerar la ejecución de infraestructuras, durante la última etapa del Gobierno de Fraga, aunque el bipartito cortó la cinta de su puesta en servicio. El anterior Ejecutivo adoptó incluso ese sistema, cuando decidió evitar las cabinas de peaje en el trazado que da continuidad hasta Ourense a la autopista Santiago-Dozón (AP-53). Ese vial engrosará la deuda contraída hasta ahora por la Xunta en ese ámbito, que también se incrementará con la autovía que debe conectar la A-52 con Celanova, y por la Carballo-Berdoias, donde las obras no han comenzado por un problema de financiación de la concesionaria. Esta grieta pondrá a prueba la solvencia de un sistema cuya asunción por el Gobierno PSOE-BNG planteó un viraje respecto al discurso crítico que las dos fuerzas habían mantenido desde la oposición contra un procedimiento que habilita inversión extrapresupuestaria para obra pública. El mecanismo permite eludir el pago directo por los usuarios, pero aboca a la Xunta a abonar un peaje encubierto a la adjudicataria que, además de financiar la construcción del vial, asume su explotación y conservación. Socialistas y nacionalistas objetaron durante la última legislatura de Fraga que la fórmula concesional, regulada en Galicia por la Ley 13/2003, hipoteca el margen de actuación de la Xunta, que debe afrontar en sus cuentas las deudas contraídas con las concesionarias. Hasta ahora esa carga ha pasado desapercibida en los Presupostos, que en cambio sí contabilizan las aportaciones de las empresas: 123 de los 601 millones de inversión real que figuran en las cuentas de Política Territorial de este año corresponden al desembolso de las adjudicatarias que luego engrosará la deuda de la Xunta. Sin esperar a la irrupción de esas hipotecas en los sucesivos balances presupuestarios, el problema de liquidez que ahora plantea la concesionaria de la autovía Carballo-Berdoias para iniciar las obras augura nuevas entregas de un debate político que ahora estaba hibernado.