Antonio González Nieto cumple estos días su segundo aniversario como presidente interino del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), cargo que ocupa desde que Jesús Souto fue nombrado magistrado del Tribunal Supremo. Una prolongada situación de interinidad que no tiene precedentes y que es objeto de comentarios críticos en medios judiciales. Incluso el Colegio de Abogados de A Coruña hizo público hace un año su malestar y requirió el nombramiento «urgente» de la más alta autoridad judicial de la comunidad autónoma. Pasado el tiempo, es evidente que el apremio no tuvo eco.
El nombramiento del presidente del TSXG depende del Consejo General del Poder Judicial, que ha prolongado esta anómala situación. El propio Consejo pasa también por una situación de interinidad, ya que su mandato de cinco años expiró en noviembre del 2006.
La politización del órgano de gobierno de los jueces ha impedido llegar a un acuerdo para elegir a uno de los seis candidatos que aspiran a la cúpula judicial de Galicia. Los candidatos son Antonio González Nieto, Miguel Ángel Cadenas, Ángel Judel, Juan José Reigosa, Juan Carlos Trillo y Julio Tasende, quien también busca una plaza en el Tribunal Supremo.
Falta de acuerdo
En este dilatado período de tiempo, el nombramiento del presidente del Tribunal Superior de Galicia se ha llevado media docena de veces a la reunión del pleno del Consejo General y ha sido retirado otras tantas, la mayoría de ellas sin ni siquiera ser examinado.
La falta de acuerdo entre los vocales de la mayoría conservadora, que ocupan diez puestos -incluido su presidente, Francisco José Hernando- y la minoría progresista, que copa siete, ha imposibilitado el consenso necesario para elegir un nombre.
El Consejo cuenta además con un vocal independiente, Agustín Azparren Lucas, consensuado entre el PP y el PSOE, y tres asientos vacantes: uno por fallecimiento, otro por jubilación, y el tercero por la baja que dejó el actual ministro de Defensa en funciones, José Antonio Alonso. El órgano judicial tiene también pendientes de nombramiento una docena de cargos judiciales, la mayoría en el Tribunal Supremo, y el de presidente del Tribunal Superior de Madrid.
De tiempos de Aznar
El actual Consejo General del Poder Judicial fue nombrado a finales del 2001, durante el segundo mandato del Gobierno de Aznar, cuando el PP gozaba de mayoría absoluta tanto en el Congreso como en el Senado. Por ello, su estructura ha quedado obsoleta y no se corresponde ni con el arco parlamentario del primer Gobierno de Zapatero ni tampoco con el que está a punto de constituirse.
Los populares se han ido resistiendo estos años a perder la cómoda mayoría de que disponían en un órgano totalmente politizado, desde el que, además, han propinado serios varapalos al Gobierno de Zapatero, un marcado carácter que se contradice con la salvaguarda de la independencia judicial y el principio de la separación de poderes.
Transcurridas las elecciones generales y después de que se constituyan las nuevas Cortes, ya no habrá excusa para que el Consejo General del Poder Judicial no se renueve atendiendo al nuevo espectro político. El hasta ahora portavoz del PSOE en la Cámara baja, Diego López Garrido, manifestó ya su esperanza de que la renovación del órgano de gobierno de los jueces españoles sea una realidad antes del verano.