La Xunta ha adoptado ya una «predecisión» sobre la solicitud del empresario madrileño Juan Miguel Villar Mir para extraer cuarzo bajo el trazado del AVE y apunta a que su pretensión de explotación subterránena de la mina de Serrabal es «incompatible», desde una «percepción previa».
El presidente de la Xunta, Emilio Pérez Touriño, lo expresó ayer en estos términos al finalizar el Consello del Ejecutivo, mientras anunciaba que la Administración autonómica exigirá en todo caso una declaración de impacto ambiental. En este sentido, el conselleiro de Medio Ambiente, Manuel Vázquez, adelantó el lunes pasado que la Xunta no hará un pronunciamiento definitivo hasta que no cruce los datos con la propuesta medioambiental del AVE.
Touriño, quien la víspera se refirió a las vicisitudes de la mina de Serrabal como a un «dolor de muelas», calificó de «sorprendente» todo lo relacionado con la propiedad de Villar Mir, por la que pasará el AVE en función de una decisión adoptada en su momento por el Gobierno de Aznar. El presidente dijo que el responsable del conflicto «ten nomes e apelidos: o PP».
El responsable de la Xunta llamó la atención sobre el hecho de que, ahora, momento de expropiaciones, el empresario plantee «na ventaniña de ao lado» ampliar la concesión a 30 años. Aseguró que no hay una presunción de «culpabilidade a priori» en relación a que el retraso del AVE a Barcelona «se estea facendo aposta para presionar nunha dirección determinada», y consideró que sus palabras al respecto y las de la vicepresidenta, aparentemente contradictorias, habían sido «incorrectamente interpretadas».
Postura «única»
Touriño se pronunció sobre la «batalla» de las competencias, como denominó la reclamación de la Xunta al Gobierno, para asumir las de seguridad marítima y tráfico, entre otras.
El presidente mantuvo el pulso reivindicativo con Madrid, apeló a Zapatero, y avaló el trabajo realizado por el vicepresidente Quintana, «sen querer entrar en polémicas», puntualizó, a propósito del cruce de pareceres entre la ministra Elena Salgado, nada receptiva a los traspasos, y su número dos. «Na Xunta hai unha postura inequívoca, única e clara», precisó el dignatario autonómico.