La sentencia condena a los seis socios del consejo a pagar unos 800.000 euros a los acreedores
19 ene 2010 . Actualizado a las 16:12 h.La magistrado del juzgado de primera instancia número 3 de Ferrol, Mónica Ramírez Encinas, ha dictado una sentencia en la que califica como «fraudulenta» la quiebra de Indunor, la que fuera una de las principales compañías auxiliares de los astilleros de la ría. El tribunal ha condenado a los miembros del consejo de administración de esta empresa, que cerró sus puertas en el 2002, a pagar a la masa de la quiebra -compuesta por trabajadores afectados y acreedores, entre otros-, a los que tendrán que abonar, por un lado, 353.338,20 euros y, por otro, 440.150,75. Además, el fallo prohíbe a Evaristo Veiga, Eduardo Pereda, Manuel Díaz, José Luis Rodríguez, Carlos González y Leandro Amado, los integrantes del consejo, «administrar los bienes ajenos durante un período de dos años, así como para representar o administrar a cualquier persona durante el mismo período».
Con la declaración de quiebra fraudulenta, el fallo confirma la tesis defendida tanto por los síndicos -representantes de los acreedores- como por la fiscala del caso, que pidieron esta calificación. El fallo señala tres causas para asegurar la evidencia del fraude en la quiebra de la empresa naval: una contabilidad incorrecta, las maniobras ilegales de financiación y las ventas efectuadas por Indunor, que se desprendió de importantes y rentables activos en beneficio de otras sociedades, que en algunos casos también eran propiedad de los miembros de su consejo. «Se observa que se ha producido una descapitalización de la empresa llevada a cabo por los socios», afirma el tribunal, de la que se habrían beneficiado las firmas Eléctrica Rías Altas, Montajes Indunor Sur y Aparcamientos Ferrol.
Venta del párking de Armas
Esta última, que gestionaba el párking de la plaza de Armas, había registrado en el año 2000 unos beneficios antes de impuestos de 4,6 millones de pesetas, pero pese a no contar con problemas económicos, fue vendida finalmente a la firma Eléctrica Rías Altas. «Desde el punto de vista empresarial no parece coherente la venta de la misma y máxime en las condiciones en que se efectuó, vendiendo las mismas (las acciones) a su precio de adquisición», refleja el documento. Esta operación, señala el fallo, produjo «un perjuicio a Indunor por importe de 353.338.20 euros».
También señala que la compañía vendió a Eléctrica Rías Altas -otra de las empresas fundadas por los seis socios condenados- el bajo, dos sótanos y el primer piso de un edificio situado en la calle Magdalena por valor de 1,5 millones de euros. La firma solo le abonó poco más de un millón y le dejó sin pagar 440.150,75 euros. Otras operaciones que también perjudicaron a Indunor, según el fallo, fueron las transmisiones de un bajo y 14 plazas de garaje ubicadas en la calle del Sol y el pago de garantías hipotecarias para asegurar deudas del astillero Navalship.
Maniobras ilegales
La sentencia asegura que la existencia de maniobras fraudulentas de financiación quedaron demostradas tras comprobarse una «situación patrimonial inexistente», que utilizaban «el giro de letras de cambio vacías que no respondían a operaciones reales». También se hace eco el fallo de una sentencia de la Audiencia Provincial de A Coruña, «que condena a Evaristo Veiga, consejero delegado de Indunor como autor de un delito continuado de estafa, según la cual Indunor efectuó descuento de facturas en el marco de una póliza que tenía contratada desde el 1 de julio de 1999 para anticipo y gestión de cobro de créditos comunicados en soporte magnético con la entidad Caixa Galicia, obteniendo diversas cantidades de dinero sin que dicha entidad bancaria pudiera cobrarlas, bien por no responder a operación comercial alguna, bien por haber sido abonadas a otras entidades financieras a las que también habían sido cedidas las facturas por el mismo Evaristo López».
Amplia plantilla
En el momento de la quiebra de la compañía, Indunor no solo desarrollaba trabajos como compañía auxiliar del naval, sino que tenía diversificada su actividad hacia otros mercados, como el inmobiliario y el energético. El crac le llegó a la firma con una plantilla de unos 600 trabajadores, hasta entonces ocupados en las distintas actividades.
Además de los impagos a los operarios, la quiebra dejó una deuda superior a los 20 millones de euros, principalmente a pequeños acreedores de la comarca.
El fallo del juzgado de instrucción número 3 también establece que los condenados tendrán que hacer frente a los intereses que pudieran corresponderles y perderán cualquier derecho que pudieran tener contra la masa de la quiebra. Los antiguos socios del consejo de administración de la compañía podrán interponer recurso de apelación en el plazo de cinco días para la Audiencia Provincial.