Afirma que los populares recibieron al menos 345.000 euros en dinero negro para las elecciones del 2007
27 may 2010 . Actualizado a las 09:09 h.El juez del caso del caso Gürtel, Antonio Pedreira, ha decidido enviar una parte del sumario al Tribunal Superior de Justicia de Valencia ante la imposibilidad de seguir investigando las supuestas irregularidades en esa comunidad, al aparecer de manera continua nombres de aforados del PP de Francisco Camps. El magistrado da credibilidad al informe de la Fiscalía Anticorrupción que constata que, más allá de la aceptación de los trajes regalados, hasta nueve altos cargos del PP valenciano, con Camps a la cabeza, pudieron incurrir en ocho delitos: electoral, contra la Administración pública, fraude al fisco, falsedad documental, prevaricación, blanqueo, asociación ilícita y cohecho.
La inhibición fuerza ahora al instructor de la causa en Valencia, José Flors, a quien el Supremo ordenó reabrir el sumario el pasado día 12, a poner en marcha una nueva investigación más allá de los obsequios que supuestamente recibieron Camps y los otros tres imputados hasta ahora: el ex vicepresidente Víctor Campos, el ex jefe de gabinete de la Consejería de Turismo Rafael Betoret y el ex secretario general del PP valenciano y diputado autonómico Ricardo Costa. Anticorrupción se muestra segura de que Flors tiene materia de sobra para esa investigación adicional ante el importante volumen de «documentación intervenida y requerida a diversas entidades», y que se incorporó a la causa tras haberse instruido el caso de los trajes.
El ilícito más grave -y el que más urgencia corre en investigar porque está cerca de prescribir, según el ministerio público- sería el de financiación irregular del partido. Anticorrupción, que se apoya en los informes de la policía, de Hacienda y de la Intervención General del Estado, afirma que ese «delito electoral» se cometió durante la campaña para las elecciones locales y autonómicas del 2007. La Fiscalía asegura que el PPCV habría recibido en dinero negro para aquellos comicios no menos de 345.200 euros de empresarios afines, que se hicieron cargo de las deudas que el partido había contraído con Orange Market por actos electorales. Anticorrupción cita a las cinco firmas que habrían allegado fondos opacos al partido a través de facturas falsas: Facsa, Pavimentos del Suroeste, Grupo Vallaba, Constructora Martínez y Piaf.
Pero, advierte el ministerio público, esto es solo la punta del iceberg, pues «no se han encontrado las facturas físicas» de otros pagos que el PPCV tenía que haber realizado y que ascienden a más de 2,5 millones de euros. Para la acusación pública, los dos principales responsables penales de esta financiación irregular son el ex tesorero del PP Luis Bárcenas, ya imputado, y Cristina Ibáñez, como gerente de los populares valencianos. «Con ellos cooperarían [en la financiación ilegal] Costa, Rambla y Serra», mantiene la Fiscalía, que desvela que tras los alias de el Cantante y el Príncipe, que aparecen de manera recurrente en la documentación B de la trama, se esconden el vicepresidente Rambla y el vicesecretario del PP David Serra.