El Parlamento declara que la «persecución» de casos de genocidio o lesa humanidad en España es una «obligación» y no vulnera la ley de amnistía.
11 may 2010 . Actualizado a las 22:04 h.El Congreso aprobó este martes una moción que insta al Gobierno a introducir los cambios necesarios en la ley de Memoria Histórica para «garantizar» que las administraciones, sea la central o las autonómicas, deberán «responsabilizarse» de las labores de localización, exhumación e identificación de las fosas o enterramientos que alberguen a víctimas del franquismo. La iniciativa, pactada por PSOE e IU, cuenta con el compromiso de aplicación por parte del Gobierno.
La modificación es sustancial. La búsqueda e identificación de desaparecidos del franquismo y la Guerra Civil se convertirá en una «política pública e institucional garantizada» por el Gobierno y las comunidades autónomas, que deberán poner todos los medios necesarios para localizar y exhumar estos cadáveres. Además, la moción prevé que si alguna comunidad no aporta los medios y fondos suficientes para cumplir con este fin, como ocurre en la actualidad con varias autonomías gobernadas por el PP, el Ejecutivo central estará obligado a aportar los recursos «con carácter subsidiario».
El pacto también prevé transformar la actual oficina para las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura de un ente administrativo, de atención y asesoramiento en el órgano que asuma la dirección y la coordinación de todas las políticas públicas encaminadas al desarrollo de la ley.
Uno de los puntos de la moción que más polémica ha creado es el primero. El Congreso «declara» que el ordenamiento jurídico vigente en España «obliga, de modo indudable y suficiente, a la persecución de los crímenes contra la humanidad y de genocidio» y que la aplicación de esta legislación corresponde a los tribunales.
El PSOE prefirió no realizar interpretaciones más allá de la literalidad de la afirmación, pero IU indicó que el Congreso ha dejado claro que la persecución de los crímenes del franquismo es una «obligación» de los tribunales, que la existencia de la ley de Amnistía de 1977 no lo impide y que, por lo tanto, la declaración descarta que el juez Baltasar Garzón pueda ser «incriminado» por el Tribunal Supremo por haber abierto una causa para investigar estos posibles delitos contra la humanidad.
La cámara también se compromete a «conmemorar de forma solemne la declaración del Congreso de condena expresa de los diputados al régimen franquista y de apoyo a las víctimas del franquismo».