Socialistas y populares se acusan mutuamente de ser los responsables de la actual situación de gran tirantez
27 nov 2009 . Actualizado a las 10:48 h.La publicación de un editorial común en doce diarios editados en Cataluña en el que se pide al Tribunal Constitucional que respete el Estatuto aumentó ayer aún más la tensión ante la sentencia que debe dictar próximamente, provocó un nuevo enfrentamiento entre socialistas y populares y concitó apoyos de amplios sectores de la sociedad catalana. Mientras el tripartito y CiU hacían piña en torno al texto titulado La dignidad de Catalunya, que anuncia una «legítima respuesta» ante un hipotético fallo adverso, el PP y los jueces conservadores lo consideraban una presión intolerable, y el presidente del Gobierno manifestaba su respeto ante la iniciativa, sin entrar a valorarla. Las tres principales emisoras de la comunidad (Catalunya Radio, Com Radio y RAC-1), UGT, CC.?OO., la patronal, organizaciones culturales, siete colegios profesionales e incluso el Barcelona se adhirieron.
Montilla: «Iniciativa histórica»
La reacción de la Generalitat, de los tres partidos que forman el Gobierno y de CiU fue de euforia. José Montilla calificó el editorial de «iniciativa histórica», dijo que se siente identificado con su contenido y mostró su agradecimiento a la prensa y a las entidades civiles que lo han apoyado. El presidente catalán aseguró que «refleja perfectamente la amplia unidad de la sociedad catalana en defensa del Estatut y de la vía institucional para expresar los deseos y aspiraciones del país». En sendos comunicados, el PSC lo consideró un «gesto extraordinario» y CiU «histórico», al tiempo que su presidente, Artur Mas, enviaba una carta a Montilla para que convoque una cumbre de partidos catalanes para preparar un plan de acción conjunto ante una sentencia adversa, a lo que se niega el PSC.
José Luis Rodríguez Zapatero aseguró que había leído «con mucho interés» el editorial y se limitó a mostrar «mucho respeto» por su contenido. Dos de sus ministros, sin embargo, no dudaron en respaldarlo. Celestino Corbacho señaló que representa el sentir del pueblo catalán y Carme Chacón instó al PP a retirar su recurso de inconstitucionalidad, que a su juicio es una medida política y no jurídica. El presidente de la Comisión Constitucional del Congreso, Alfonso Guerra, se desmarcó y censuró las «presiones» al Constitucional, entre las que enmarcó el editorial, que será «contraproducente». La portavoz socialista en el Senado, Carmen Silva, también lo consideró un error, porque solo sirve para generar «tensión, presión y conflicto».
En el PP, las reacciones fueron desde el «cada uno puede opinar lo que quiera» de Mariano Rajoy, al rechazo frontal de María Dolores de Cospedal, que consideró «absolutamente intolerable» que se presione al Constitucional desde «cualquier punto de vista».
Por su parte, Esteban González Pons calificó de extraña y «sospechosa» la unanimidad en la prensa catalana. Tanto la secretaria general, como el vicesecretario de Comunicación, la portavoz en el Congreso y la presidenta madrileña señalaron a Zapatero como culpable de la actual situación.
La conservadora y mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM) consideró también una «presión intolerable» el editorial, ya que intenta «influir groseramente» en los magistrados, según declaró su portavoz, Antonio García.
El vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial, Fernando de Rosa, elegido a propuesta del Partido Popular, expresó una opinión similar. En sentido contrario se manifestó el de la progresista Jueces para la Democracia, Miguel Ángel Gimeno, que no cree que haya presión.