Pretenden evitar que complementos de hasta 600 euros al mes queden vinculados a la productividad
31 ago 2009 . Actualizado a las 02:00 h.El Gobierno tiene por delante tres semanas para solventar la papeleta y no verse abocado a vivir una nueva huelga de jueces. Las asociaciones judiciales han puesto como fecha tope el 22 de septiembre para que se resuelva una de las principales reivindicaciones de la carrera: la elaboración de un nuevo marco salarial. En caso contrario, el paro está garantizado y será el 8 de octubre, como ya anunció la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM), mayoritaria en la carrera.
La APM, Jueces para la Democracia (JpD) y la asociación Francisco de Vitoria emplazan al Ministerio de Justicia a que, en la reunión del 22 de septiembre, ponga sobre la mesa un borrador del nuevo sistema retributivo. El modelo salarial vigente debió actualizarse hace un año, pero entonces no se llegó a un acuerdo tras rechazar los jueces las subidas que proponía el ministerio.
Las diferencias son sustanciales tanto en el pago de las guardias y las sustituciones como en los complementos salariales, auténtico caballo de batalla de las negociaciones. Los colectivos de jueces piden que el aumento de las guardias sea superior al 20% planteado por el ministerio y solicitan eliminar las retribuciones variables referidas a la productividad.
Estos complementos, regulados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en la ley de retribuciones aprobada en el 2003 se miden por objetivos y resultados. Es decir, si un juzgado alcanzaba un rendimiento individual notable, cifrado en un 20% del objetivo asignado, se producirían incrementos salariales de hasta el 10%. En caso contrario, los ingresos fijos disminuirían un 5%.
Un 40% de los 5.000 miembros de la carrera judicial cobran este suplemento. Esto es, al sueldo fijo de los jueces de entre 3.000 y 6.000 euros mensuales, según la categoría y la antigüedad, se le sumarían entre 300 y 600 euros dependiendo del rendimiento de su juzgado.
Pese a la cuantía, el reglamento aprobado por el CGPJ no colmó las expectativas de los togados y dos años después de su entrada en vigor fue anulado por el Supremo. El tribunal sentenció en el 2006 que la medición de la carga trabajo a través de los denominados módulos es «básicamente productivista» y no atiende a la situación laboral de cada juzgado. Para los jueces, «se trataba de un sistema de incentivos barato en el que primaba el sobreesfuerzo en detrimento del servicio» a los ciudadanos.
Indefinición y resquemor
El fallo del Supremo dejó el modelo retributivo de los jueces en una situación de interinidad, hasta el punto de que se ha paralizado el cobro de los suplementos correspondientes a los ejercicios del 2008 y primer semestre del 2009. Esta indefinición ha generado un gran resquemor entre los miembros de la carrera, por lo que las asociaciones judiciales se han visto obligadas a pedir al ministerio que abone cuanto antes estos retrasos en tanto en cuanto no se alcance un acuerdo general sobre el marco salarial.
Solo una asociación, el Foro Judicial Independiente (FJI), muy minoritario en el sector, está en contra de esta solución y mantiene una posición de bloqueo hasta que haya un nuevo modelo retributivo encima de la mesa. Todas las asociaciones coinciden en reivindicar un programa salarial que priorice la carga de trabajo de cada órgano jurisdiccional y elimine la vinculación a la productividad. Pero el ministerio no se mueve y es partidario de un sistema mixto.